El informático francés que sustrajo del HSBC de Ginebra información sobre 130.000 cuentas de supuestos defraudadores, 659 españoles, cree que la amnistía fiscal a la que se acogió hasta Rodrigo Rato es un veneno para la democracia, pero ha facilitado mucha información sobre mecanismos de ocultación de dinero.

En una entrevista con SABEMOS asegura que no es partidario de que se haga pública la lista de las personas que se acogieron a ella si colaboran con la Fiscalía Anticorrupción, y propone la creación de un Centro de Inteligencia Económica con participación de la sociedad civil para luchar contra el fraude.

Usted denuncia a los evasores fiscales y los gobiernos los perdonan. El de Rodríguez Zapatero permitió a los 659 de la ‘lista Falciani’ regularizar voluntariamente su situación en lugar de actuar contra ellos, y el de Mariano Rajoy les ha ofrecido una amnistía que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no deja de alabar. ¿Qué le parece?

La amnistía fiscal es un veneno para la democracia, pero ha aportado a la Agencia Tributaria información muy valiosa para combatir la evasión fiscal. Las personas que se han acogido a ella han tenido que aportar documentación que permite conocer los mecanismos de ocultación que utilizan los bancos en los que escondían su dinero, a la que ahora hay que sacar provecho.

Los partidos de la oposición han pedido que se haga pública la lista de defraudadores, pero el Gobierno se niega. ¿Con quién se posiciona?

En este momento yo no haría pública la identidad de quienes se acogieron a la amnistía porque se perdería la oportunidad de conocer los mecanismos de ocultación de que le hablo. No se trata de proteger a los ‘chorizos’, sino de proteger el interés común. Insisto en que para regularizar su situación los evasores han tenido que facilitar papeles e información que la Agencia Tributaria debe rentabilizar. Creo que los defraudadores tienen también que colaborar con la Fiscalía Anticorrupción para desentrañar la mecánica que hay detrás de la evasión. Si no colaboran no habrá razones para protegerlos.

Dudo que quienes se han acogido a la amnistía fiscal estén dispuestos a colaborar con la justicia, entre otras razones porque ya no se les pueden exigir responsabilidades penales por lo que han hecho.

Tal vez, pero a quien colabore se le puede perdonar una parte de la multa, por ejemplo, y quien no lo haga podría quedar expuesto a otra imputación. Por ejemplo, si una de las personas que colabora identifica a otra que le ha ayudado, contra esta se puede iniciar otra acusación.

¿Le ha sorprendido que entre los acogidos a la amnistía fiscal esté el exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato?

Por supuesto que no.

Es usted muy tajante ¿tenía información sobre su patrimonio oculto?

Jamás hablo de personas concretas. El trabajo que había hecho sobre él el movimiento 15MpaRato mostraba ya una manera de actuar muy similar a la de la casta de las altas finanzas.

Rato está siendo investigado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) para averiguar si su patrimonio tiene un origen delictivo, y el Gobierno ha reconocido que hay otras 700 personalidades que están en su misma situación. ¿Tiene usted algo que ver con esta investigación? ¿Le han pedido su colaboración?

En este momento colaboro con varias administraciones y organismos equivalentes al Sepblac, pero no voy a decirle con cuáles. Mi trabajo no tiene que ver con personas concretas, se centra en desentrañar los mecanismos bancarios y del mundo de las finanzas que hacen posible la evasión y el blanqueo de capitales. Se trata de apuntar contra las redes. Unos bancos están conectados con otros y unas personas trabajan con otras. El objetivo es conocer cómo se organizan estas redes, cómo actúan, cómo piensan para poder combatirlas.

¿Puede darme una estimación global de personas afectadas por las investigaciones abiertas a partir de sus informaciones?

Quizá un millón de personas.

¿Percibe cambios en la actitud de los gobiernos para luchar contra la evasión fiscal?

La verdad es que no. De hecho, la situación actual es peor que hace unos años. La Comisaria Europea de la Competencia, Margaret Vestager (exministra danesa de Finanzas que sustituyó a Joaquín Almunia en noviembre de 2014) solicitó ayuda a los estados miembros para investigar a empresas como Amazon, Google… y al cabo de unos meses ha reconocido que nadie ha colaborado con ella. No podemos confiar en la OCDE, ni en los tratados europeos, hay que actuar en el ámbito local.

Si los gobiernos no tienen voluntad real de luchar contra el fraude, no se me ocurre cómo se puede actuar en el ámbito local, como dice, más bien parece que no hay nada que hacer.

No creo que sea del todo así. Fíjese que, por ejemplo, hemos conseguido que uno de los mayores bancos del mundo, el HSBC, haya reconocido lo que ha hecho y pedido disculpas por ello. Para empezar creo que es importante. Además, los ciudadanos tenemos el voto. Es siempre un peligro que haya una fuerza única.

Suena a defensa del fin del bipartidismo.

Un principio de la democracia es la pluralidad, y creo que la confianza no hay que darla ya por afinidad ideológica, sino por proyectos concretos. Decir vamos a proteger a los más necesitados es una obviedad, todos estamos de acuerdo con eso, lo que hay que decir es cómo.

En las elecciones europeas del año pasado se presentó en la candidatura del Partido X y ahora colabora con Podemos, ¿tiene intención de concurrir en sus listas?

No, mi candidatura europea con el Partido X fue algo muy excepcional. Ni soy político ni tengo intención de entrar en política, que es una actividad para gente con capacidades concretas. Yo solo soy competente en opacidad financiera. He colaborado con Podemos pero mi papel se queda ahí.

Dígame su propuesta estrella.

Hay que crear un Centro de Inteligencia Económica que estudie los mecanismos que utilizan las grandes empresas para no pagar impuestos y tomar las decisiones necesarias para que lo hagan. Tiene que ser un organismo central, plural, y no solo con participación estatal, sino de la sociedad civil.

¿Dónde vive?

No tengo casa. Vivo donde trabajo. Hoy hablo con usted desde el sur de Francia, la próxima semana estaré en Italia y a finales de este mes estaré unos días en España antes de volver de nuevo a Francia.

¿Y de qué vive?

De lo que me paga la gente con la que trabajo, y trabajo para quienes quieren que las cosas cambien.

¿Le pagan los gobiernos?

No, los gobiernos no. He trabajado como investigador científico, tengo encargos como consultor. Los gobiernos no me pagan por la sencilla razón de que no quieren que haga mi trabajo. Hace años podría haber vendido la información de que disponía y haberme olvidado, pero entonces todo hubiese quedado bloqueado. Prefiero compartir la información con varios países. Voy a continuar así unos meses más, que van a ser muy importantes, y después es probable que trabaje para uno solo.

¿Sigue temiendo por su vida, o la popularidad le garantiza que nadie intente nada contra usted?

Sigo corriendo riesgos, pero el hecho de que lo que hago esté en los medios de comunicación supone una cierta garantía de seguridad. Además, si a mí me ocurriera algo hay otra gente que continuaría porque somos muchos los que estamos trabajando en este tema… pero quiero vivir un poco más.