El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, sitúa el trato equitativo en EEUU a las empresas de ingeniería civil españolas entre sus prioridades presentadas a Bruselas para negociar el Tratado de Libre Comercio Transatlántico. ¿Qué se ofrecerá a cambio?

Enero de 2014. La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, viajan a Panamá aún con las uvas de fin de año en la garganta para entrevistarse con el presidente del país, Ricardo Martinelli. Objetivo: desatascar las conversaciones del Ejecutivo panameño con el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr. Causa del conflicto: los sobrecostes que pide la española y sus socias por la ampliación del Canal de Panamá. Mayo de 2012, el rey Juan Carlos I (que ya había sido clave en la adjudicación) y de nuevo la ministra de Fomento, vestida con la obligada túnica negra hasta los pies, visitan Arabia Saudí para limar asperezas con el país ante los retrasos del AVE a la Meca (no serán los últimos problemas). En el primer caso se trata de una empresa privada. En el segundo, un consorcio en el que participan empresas españolas públicas, como Adif, y privadas, como OHL. 

Las instituciones españolas ven como algo lógico desplegar sus virtudes diplomáticas, por no decir de lobby, por el mundo cuando se trata del futuro de determinados sectores y, sin duda, el de la construcción es de los más mimados. Cuando, a raíz de la crisis, la tijera dejó la inversión en obra pública en los huesos, debieron pensar que era lo mínimo que podían hacer por ese sector empresarial privilegiado al que se alimentó durante décadas con jugosas raciones de dinero público que fueron dando forma a las grandes infraestructuras del país. Ahora que se negocia, con poca luz y taquígrafos por cierto, el acuerdo que quiere cambiar completamente las relaciones comerciales entre EEUU y Europa (el TTIP, por sus siglas en inglés, o Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión), ahora que se han puesto sobre la mesa intereses de uno y otro lado del Atlántico que llevarán a un acuerdo final de logros y cesiones, España no se ha olvidado de incluir en su listado de peticiones los intereses de las constructoras. 

Así lo aseguró la semana pasada el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, a su salida del encuentro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, como recoge este vídeo de los Servicios Audiovisuales de la Comisión (minuto 3:30). Entre los que consideran “puntos fundamentales” de las exigencias de España a sus socios europeos de cara a negociar, se incluyen “las compras públicas, que no haya barreras para que las empresas españolas de ingeniería o de servicios ferroviarios puedan operar en EEUU en las mismas condiciones que las empresas estadounidenses”.  

El pastel no es pequeño. La Casa Blanca tiene en marcha un plan de inversión en carreteras y puentes de más de 300.000 millones de euros hasta 2019, aunque se encuentra una y otra vez con la oposición republicana, que controla ambas Cámaras y por tanto el presupuesto. La Administración Obama ha calculado que el 65 % de las principales carreteras del país necesitan mejoras significativas, así como el 25 % de los puentes.

Buenas noticias para las constructoras españolas, al parecer. “Se está avanzando yo creo que a un ritmo bastante razonable y vemos que buena parte de los planteamientos y las demandas que tiene España se están consiguiendo”, comenta García-Legaz.

La crisis saca de España a las grandes constructoras

Las constructoras españolas no parecen haber tenido graves problemas para buscar en otros puntos geográficos lo que dejaron de ganar en España cuando la austeridad y la consolidación fiscal llamaron a la puerta. Según el número de febrero de este año de la revista sectorial Vía Libre, editada por la patronal de la construcción Seopan, ” desde el año 2010, cuando la crisis afectó de lleno a las inversiones de obra spúblicas que se están haciendo en España, se acentúa y se convierte en prioritaria la estrategia de internacionalización”. Tres años después las cifras ya hablaban por sí solas. En el año 2013, ACS obtuvo el 95% de la facturación de construcción en el extranjero. OHL logró el 81,7%, mientras que Ferrovial, Sacyr, Acciona y FCC facturaban el 76%, 63%, 52% y 43% respectivamente. El año pasado, según la citada publicación, la media fue del 72%.

En 2014 la tendencia a crecer en el exterior ha continuado, con una especial atención desde hace unos años a los mercados de EEUU y Canadá. No todas la empresas pueden hablar del mismo nivel de éxito que ACS, a la que el negocio en América del Norte le reporta ya el 34% de sus ingresos, seguido de Australia con el 25%. España está en tercera posición, con una aportación a la cifra de negocios del 16%. La constructora que preside Florentino Pérez está en el mercado estadounidense desde 2006 y entre sus contratos incluye la construcción y explotación por 52 años de una autopista en Texas (954 millones de euros); el mayor puente atirantado del país, el US 181 Harbor Bridge Replacement en Corpus Christi, (también en Texas, por 983,4 millones); la ampliación del Metro de Boston (1.200 millones de euros de los que participa del 40%) o el AVE de California (993 millones en total y una participación de la española del 70%). 

Ferrovial también cuenta ya con importantes muescas en EEUU. En 2013, el consorcio que lideraba se adjudicó la NTE, autopista en el área de Dallas-Forth Woth, en Texas, con una inversión de 2.100 millones de dólares. La autopista fue inaugurada en otoño del pasado ejercicio. 

Los oscuros avances del TTIP

La información sobre el acuerdo de libre comercio con EEUU, a pesar de la relevancia que puede tener para el futuro de todos los ciudadanos de ambas áreas económicas, es más bien escasa. Los representantes politicos que están participando en el proceso no ven más que ventajas para sus propios países y cuesta más arrancarles qué se va a entregar a cambio. En esta entrevista con García-Legaz, por ejemplo, el secretario de Estado de Comercio hace también referencia, entre las peticiones españolas de cara a la negociación con EEUU, al mercado de productos agroalimentarios. En concreto, el Gobierno español pide que no haya “ni aranceles, ni regulación, ni normas que impidan que entren los productos españoles” en el país norteamericano. Pero el levantamiento de barreras quiere ser bidireccional lo que significa que tendrá su espejo en los productos procedentes de EEUU, donde tienen mucho mayor peso, por ejemplo, los productos transgénicos.  También comenta García-Legaz como tercero de los puntos fundamentales solicitados por España el paquete de movilidad de los profesionales, que puedan prestar servicio en cualquier país dentro del Tratado sin farragosos procesos de convalidación. 

Tengan la sede en Madrid, Utah o Amberes, lo que parece cada vez más claro es que el TTIP va a traer novedades que pueden ser muy ventajosas para las multinacionales, como la existencia de un tribunal de arbitraje internacional al que se podrá acudir en lugar de a la justicia nacional. Será cuestión de elección. Si se elige uno ya no será posible acudir al otro y viceversa, explica García-Legaz. Se trata de una propuesta de la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, hecha oficial en la reunión de la que acababa de salir el secretario de Estado español. “No se va a permitir, como ocurre ahora, (…) que una empresa recurra por ejemplo ante la legislación nacional y si pierde el caso se vaya a una instancia arbitral internacional. Se tendrá que elegir y por tanto, si se elige la jurisdicción nacional, lo que digan los tribunales nacionales no podrá ser recurrido”.

Las negociaciones del TTIP se iniciaron en 2013 con pocas, muy pocas líneas rojas, destacando la que marcó el Gobierno francés para defender el estatus de su cine nacional. De lo que se va sabiendo empieza a verse una línea clara: el gran interés que existe en los dirigentes tanto de EEUU como de Europa por los negocios basados en inversión o gasto público. Así, una de las primeras líneas en las que se ha avanzado ha sido en la necesidad de abrir la competencia para que empresas de ambos lados puedan participar en la gestión de los servicios públicos. EEUU puede encontrar aquí un filón, en una Europa que se encamina hacia una gestión de los servicios sociales por parte de empresas privadas. 

FOTO: Angus MacRae en FLICKR