Cada vez que el mundo se ve sacudido por un desastre natural, y tanto más si se trata de un terremoto, una de las alertas mediáticas más recurrentes es el peligro que constituyen los cadáveres como propagadores de epidemias. El problema de esta idea es que, no sólo es falsa, sino que también es perjudicial para las labores de salvamento.

“Los cuerpos de las personas que han muerto en una catástrofe no causan epidemias”. Así de contundente se muestra el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), una organización que de gestión de desastres sabe lo suyo y mucho más.

“En una catástrofe, la gente muere a causa de una lesión, un incendio o por ahogo. No es probable que padezcan, al morir, enfermedades que causan epidemias, como cólera, fiebre tifoidea, malaria o peste”, se advierte en La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respuesta, un documento publicado en 2006 por el CICR y que ha salido de nuevo a la luz en el contexto del reciente terremoto de Nepal. De hecho, asegura el Comité, “en la mayoría de los casos”, los principales propagadores de enfermedades son, precisamente, “los supervivientes”.

En un sentido muy parecido, la responsable médica de la Unidad de Emergencias de Médicos sin Fronteras (MSF), Olimpia de la Rosa, ha explicado a SABEMOS que los supuestos efectos infecciosos de los cadáveres son un “mito” que puede tener algún impacto negativo en las tareas de salvamento, fundamentalmente por “el miedo” que puede generar entre la población a la hora de solicitar su ayuda en las labores de rescate. 

En todo caso, precisó, la presencia de cuerpos en las calles tras un terremoto sí tiene un importante “impacto psicológico” para la población, y, por ello, “siempre deben retirarse, por humanidad y por salubridad”. No obstante, advirtió, “no son una fuente de riesgo epidemiológico” salvo en determinadas circunstancias, como es la cercanía de ríos o fuentes de agua o el posible contagio de algunas enfermedades a los trabajadores de rescate, un riesgo que se puede evitar con “las medidas básicas de inmunización”. 

Por las mismas fechas del terremoto de Haití, en enero de 2010, el director nacional de Patología Forense de República Dominicana (el país vecino), el doctor Sergio Sarita Valdez, adivrtió de que “los muertos no enferman” y, por tanto, “no es cierto que los cadáveres de desastres naturales sean un foco de epidemias”. Cuando se produce un desastre, advirtió, se debe atender en primer lugar a los heridos, en segundo lugar establecer los servicios básicos y, sólo en tercer lugar, se debe proceder a “la ubicación, procesamiento, almacenamiento y entrega posterior de los cadáveres”.

El informe sobre Manejo de cadáveres en situaciones de desastre, elaborado en 2004 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya advertía de que, cuando se produce un desastre natural, las muertes suelen producirse “principalmente por trauma” y que sólo en determinadas situaciones de hacinamiento, de problemas de saneamiento y de alteraciones en los sistemas de agua potable, los cadáveres pueden suponer un riesgo para la salud pública, ya que, en condiciones normales, “su temperatura corporal cae rápidamente” y, a causa de ello, “aun las bacterias y los virus más resistentes mueren rápidamente”.

Un grupo de científicos del Walter, Engineering and Development Centre (WEDC) de Reino Unido ha advertido de que la relación entre cadáveres y epidemias no sólo nunca ha sido demostrada científicamente, sino que, de hecho, la eliminación apresurada de los cuerpos puede constituir incluso un riesgo mayor para la salud pública que el hecho mismo de tener gran cantidad de cadáveres. Por ejemplo, “la cremación masiva produce elevadas cantidades de humo con dioxinas aéreas que causan problemas respiratorios importantes”, aseguran los científicos, citados en el  informe de la OPS.

Por tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja no es la única fuente que advierte de que los fallecidos suponen “un riesgo insignificante” para las personas en general, “a menos que estén ayudando a evacuar los cadáveres”. Aunque, en efecto, “existe un pequeño riesgo de diarrea causada por agua potable contaminada con materia fecal de los cadáveres”, este problema, según el CICR, se puede resolver sencillamente “con la desinfección de rutina del agua potable para prevenir enfermedades originadas en el agua”.

Asimismo, las personas que entran en contacto con cadáveres, como es el caso de los rescatistas o del personal de las morgues, corren un “leve riesgo de contraer tuberculosis, hepatitis B y C, VIH y enfermedades diarreicas”. No obstante, estas enfermedades “no duran más de dos días en un cadáver, salvo el VIH, que puede sobrevivir hasta seis días” y los trabajadores pueden reducir los riesgos “poniéndose botas y guantes de goma y siguiendo hábitos de higiene básicos, como lavarse las manos”.

El problema de este “mito”, en palabras de la propia Cruz Roja, es que no sólo los responsables políticos y los periodistas interpretan erróneamente los riesgos que conllevan los cadáveres después de una catástrofe, sino que “incluso los trabajadores sanitarios a veces están mal informados y contribuyen a difundir esos rumores”.

Según Cruz Roja, la prioridad es atender a los supervivientes y apresurarse por enterrar cadáveres “desvía recursos de las actividades de rescate”

Como consecuencia de ello, advierte el CICR, la obsesión por recuperar cadáveres acaba afectando negativamente a las labores de rescate posteriores a un terremoto. ”Después de una catástrofe, la prioridad es atender a los supervivientes”, asegura el Comité. “Apresurarse por enterrar los cadáveres desvía los recursos de las actividades de rescate y puede impedir la posterior identificación de los cuerpos”, añade.

Tras el terremoto que afectó a Turquía en agosto de 1999, que causó alrededor de 16.000 muertos y más de 44.000 heridos, los equipos de emergencia priorizaron la búsqueda de víctimas enterradas vivas, la atención de los heridos y el manejo y la organización de los refugiados y heridos. La disposición de los fallecidos fue un asunto secundario durante este período, en el que, recuerda la OPS, “las enfermedades infecciosas jugaron un papel muy pequeño, incluso nulo, en las actividades de los equipos médicos”.

La guía del CICR indica también que no existen motivos de salud pública que justifiquen el entierro masivo y rápido de los cadáveres en fosas comunes. “Apresurarse a evacuar los cuerpos sin identificarlos debidamente causa más daños que ventajas”, ya que no sólo dificulta las labores de identificación, lo cual puede acarrear “consecuencias jurídicas graves”, sino que “puede traumatizar a los familiares y las comunidades”, que se ven privados del derecho a “dar sepultura a sus seres queridos siguiendo sus tradiciones”, y supone un desprecio a “la dignidad de los muertos”.

Imagen | Un equipo de MSF en Nepal/Matt Arnold/MSF