AFI, BDO, KPMG, PwC, E&Y… las grandes firmas de consultoría financiera han logrado decenas de contratos con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB). Desde buscar posibles pufos como las tarjetas black hasta valorar las entidades financieras en poder del Estado.

Hay varias industrias que han obtenido réditos de la crisis del sistema financiero español. Están los fondos buitre, que se están quedando con los activos considerados tóxicos por bancos y cajas; están los prestamistas y los compradores de oro, que dieron liquidez a los ciudadanos cuando el grifo del crédito se cerró. Y están las consultoras y los bancos de inversión internacionales. En su caso, el que paga es el contribuyente.

Enero de 2015. La auditora de origen francés Mazars es adjudicataria de un contrato por el que cobrará 82.500 euros por analizar y evaluar las posibles “contingencias” a las que se ve expuesto el Estado en el proceso de reestructuración del sistema financiero español. Es sólo un ejemplo. En los últimos tres años un puñado de firmas de asesoría y consultoría, todas de prestigio internacional, han firmado decenas de contratos con la administración (concretamente con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario).

En una reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno informó sobre el proceso de análisis forensic llevado a cabo por firmas especializadas con el mandato de encontrar posibles irregularidades en la gestión de las entidades financieras rescatadas con dinero público. Son los análisis que, entre otras cosas, descubrieron el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid o las operaciones multimillonarias presuntamente fraudulentas en Catalunya Banc y en Novagalicia.

El negocio forensic, en manos de seis firmas

En total el negocio de los análisis forensic al sistema financiero español ha quedado en manos seis firmas (KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte, Forest Partners y BDO), que llevaron a cabo 90 operaciones de análisis en los cinco bancos y cajas nacionalizados. A pesar de que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, preguntó concretamente sobre el coste para las arcas públicas de estos contratos, el Gobierno se resistió a responder más allá de vaguedades.

“Se trata de procesos con un coste variable para las entidades participadas, que dependerá del recorrido de los procesos y de las necesarias y futuras actuaciones de las consultoras. Se han aplicado todas las garantías para conseguir el mejor precio posible incentivando la concurrencia. En todo caso se trata de un instrumento esencial para la depuración de responsabilidades, complementario a la posibilidad de recuperación de cantidades en concepto de responsabilidad civil”, es la única respuesta. Es decir, que no revelan el precio porque el precio es el más ajustado posible.

Las entidades contratadas, por su parte, tienen cláusulas de confidencialidad respecto a cualquier aspecto de su relación con el FROB y sus entidades participadas, por lo que no es posible saber cuánto dinero se embolsan estas entidades por estos servicios. Lo que sí sabemos es el dinero que ha gastado el FROB en ejercicios pasados por los llamados “servicios profesionales externos” (ver cuadro inferior). Tal como señala el Fondo en sus últimas cuentas anuales publicadas, en 2013 esta entidad pública se gastó más de 8,5 millones de euros y en 2012 otros 8,8 millones en firmas asesoras.

Las cifras específicas de los forensic elaborados para el FROB no se han dado a conocer por el momento, pero lo cierto es que ésta es una especialidad que resulta un negocio lucrativo y creciente para las grandes firmas de consultoría internacionales. Entidades como BDOKPMG o PwC tienen departamentos cada vez más especializados: Computer forensic, investigación contra el fraude, contra el blanqueo de capitales… Y es que incluso las entidades privadas cada vez están más interesadas en conocer si sus gestores han podido malversar los bienes de la compañía.

Contratos opacos, la norma habitual

El último contrato público adjudicado por el FROB del que se tiene conocimiento fue para la firma Analistas Financieros (AFI), que se embolsará 17.500 euros este año por asesorar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario en la valoración de entidades financieras. Los casos de los contratos de AFI y Mazars son la excepción a una práctica llevada a cabo con constancia por parte del Gobierno: mantener los contratos dentro del secreto y la confidencialidad.

La página de la contratación del Estado sí que detalla los pliegos de condiciones para aquellos contratos de suministro u obras relacionados con el FROB. Sin embargo, no hace lo propio en el caso de, por ejemplo, el contrato de asesoramiento para la desinversión de la participación del Estado en BFA-Bankia, adjudicado a Goldman Sachs por cero euros. El Gobierno, en estos casos, establece unos requisitos previos generales para poder concurrir al contrato, y una vez designadas las entidades que pueden competir, les envía las condiciones del contrato de forma confidencial. Son condiciones exclusivas, en la práctica, del sector financiero.