A cierre del primer trimestre de este año, los beneficiarios de prestación por desempleo habían quedado reducidos a 2.318.581, el 55,4% del total de parados registrados con empleo anterior, 352.000 menos que un año antes. La creciente desprotección se convierte en una tétrica vía para ayudar al cumplimiento del déficit.

Hasta 2007, cuando empezó a resquebrajarse la economía del ladrillo, las cotizaciones que empleadores y empleados pagaban a la Seguridad Social bastaban para afrontar cada año el coste de las prestaciones por desempleo. El estallido de la burbuja primero y el efecto de la reforma laboral de 2012 después, enviaron a millones de personas al paro haciendo que, desde 2008, fuese necesario dotar una partida adicional con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para poder cubrir un coste que no paraba de crecer año tras año. Esa dinámica de incremento del gasto empezó a revertirse el año pasado y su descenso se ha acelerado en el primer trimestre de este año. 

La cantidad destinada al pago de prestaciones por desempleo entre enero y marzo de 2015 fue de 5.638 millones de euros, frente a los 6.860 millones del mismo periodo de 2014, según los datos del Ministerio de Empleo (que difundió ayer los referidos a las prestaciones devengadas en el mes de marzo). El ahorro con respecto al pasado ejercicio se eleva ya a 1.222 millones. ¿Tan bien va la economía? ¿Tiene motivos el Gobierno para ir alardeando de la evolución de España cada vez que le ponen delante un micrófono? ¿Es justo que atribuya al efecto positivo de sus políticas el descenso del coste de las prestaciones, felicitándose incluso de que este efecto facilita el cumplimiento de los compromisos de déficit asumidos entre Bruselas?

Como demostraron las cifras de paro registrado y afiliación difundidas ayer, España ha variado la tendencia de destrucción de puestos de trabajo a base de reducir las condiciones de los empleados para hacer más atractiva su contratación de cara a los empleadores. Pero ese empleo, que ha logrado que las cifras de afiliados a la Seguridad Social vuelvan a superar la barrera de los 17 millones, no explican la brusca caída de los costes en prestaciones, por más que el Gobierno se empeñe en ello incluso en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, donde el único motivo que ve de que caiga “el gasto en prestaciones por desempleo” es que se empieza “a experimentar el efecto positivo de las medidas adoptadas en materia laboral, que tiene su reflejo en la reducción de la tasa de paro.”

Como se observa en el gráfico, la caída en el coste de las prestaciones no se produce de forma paralela al descenso del paro registrado. Es más. A cierre de marzo de este año había registradas como desempleadas 4.451.939 personas, 847.000 más que en el mismo mes de 2009. A pesar de ello, el gasto en el primer trimestre de este año ha sido 2.071 millones de euros inferior al de entonces. La explicación, por tanto, hay que buscarla en otro sitio. 

El efecto de la reforma laboral y el paso del tiempo

El Gobierno no considera oportuno mencionar en los factores que han reducido el gasto en prestaciones el efecto del paso del tiempo en esta larga crisis, que provoca que un porcentaje cada vez mayor de parados registrados se vaya quedando sin cobertura de prestación o subsidio alguno. Tampoco que el repunte del desempleo derivado de su reforma laboral se produjo entre los años 2012 y 2013 y es por tanto en 2014 y 2015 cuando se cumplen los dos años de prestación contributiva de quienes perdieron el empleo y tenían derecho al plazo máximo de cobro. Ni comenta las consecuencias de aquella decisión en 2012 de reducir al 50% de la base reguladora la cantidad a cobrar a partir del sexto mes de desempleo, propuesta que provocó al ser pronunciada en el Congreso el revuelo de la oposición, a lo que la diputada popular Andrea Fabra contestó con aquel “¡Que se jodan!”.

Sin embargo, las cifras son tozudas. En marzo de 2010, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo era de 3.186.685, lo que suponía una cobertura del 79,9% sobre el total de parados registrados con empleo anterior. En marzo de este año, los beneficiarios habían quedado reducidos a 2.318.581, lo que equivale a que ya solo el 55,4% tiene derecho a una prestación. Por otro lado, la prestación contributiva media fue en marzo de 805 euros por contribuyente, frente a los 818 euros que suponía en el mismo mes de 2014.

La prestación contributiva media por contribuyente se situó en marzo en 805 euros mensuales, frente a los 818 euros que suponía doce meses antes y a los 865 euros que llegó a reflejar en marzo de 2012. 

Con esta caída se explica que el ritmo de descenso del coste de las prestaciones sea incluso superior al estimado por el Gobierno en los Presupuestos, en los que contemplaba una reducción del conjunto de las prestaciones por desempleo para el ejercicio de 4.426,7 millones, dejando el presupuesto destinado a esta partida en 25.002 millones de euros (incluida la parte que aportan las cotizaciones y 10.109 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado). Teniendo en cuenta que el descenso se irá pronunciando según avancen los meses a base de gente que salga del desempleo pero en gran medida a quienes agoten su prestación, la estimación parece bastante conservadora. 

Plan de activación para el empleo

A pesar del ahorro que iba notando mes a mes desde el año pasado, el Gobierno tardó en sentarse a negociar con los agentes sociales alguna vía para paliar la situación de las familias que se habían quedado sin protección alguna en forma de prestación por desempleo, ya fuese contributiva o no. No fue hasta el 15 de enero de este año cuando finalmente entró en vigor el llamado Plan para la Activación del Empleo, una ayuda de 426 euros durante seis meses para los parados de larga duración con responsabilidades familiares que hayan agotado todas las ayudas extraordinarias (Plan Prepara o RAI) y que se comprometan a buscar empleo de forma activa y participar en todas las medidas de formación y orientación laboral que le propongan desde la oficina de empleo.

El objetivo era alcanzar entre 400.000 y 450.000 beneficiarios antes del 15 de abril de 2016, cuando está previsto que se extinga este plan. Según los datos del Ministerio de Empleo, a cierre de marzo había menos de 35.000 beneficiarios, lo que habría supuesto un coste en dicho mes de 12.000 euros. No se preocupen aún del efecto de esta medida en el déficit, señores gobernantes.