Subió Susana Díaz Pacheco a la tribuna de oradores del Parlamento andaluz con la sana intención de convencer a los partidos de la oposición de que, al menos, deben abstenerse para que ella sea presidenta de la Junta. Durante hora y media de discurso, la candidata socialista esgrimió una completísima y abrumadora serie de promesas, planes, medidas e iniciativas, con la que pretende hacer en cuatro años lo que su partido no llevó a cabo en nueve legislaturas, cinco presidentes autonómicos –incluida ella- y treinta y seis años interrumpidos de gobierno.

“Parece el discurso de alguien que acaba de llegar”, sentenció la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. En efecto, Susana Díaz lleva como inquilina del palacio de San Telmo desde septiembre de 2013, cuando su predecesor tuvo que marcharse acosado por la corrupción. Y un año antes fue nombrada consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta.

Midieron los socialistas con sumo cuidado la puesta en escena del debate de investidura. En la tribuna de oradores estaba Susana Díaz, con la mejor de sus sonrisas. En la de invitados, ni rastro de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, investigados ambos en el Tribunal Supremo por su presunta participación en el escándalo de los ERE falsos.

Desde el principio de la sesión quedó claro que la candidata estaba dispuesta a desplegar su arsenal de promesas. Todo fueron guiños a Podemos y a Ciudadanos. Rápidamente entró en la materia que más preocupa a esos dos nuevos partidos: la corrupción. Así, prometió que el político que cobre un sueldo público no podrá percibir otro de su formación, al tiempo que deberá publicar su declaración de la renta y la de su cónyuge. Si el dirigente es imputado por corrupción o se demuestra que mintió sobre su currículo, será cesado y no podrá formar parte de una lista electoral.

Además, la candidata -a la que en los argumentarios del PP llaman la “ahijada de la corrupción”- se comprometió a enviar a la Cámara autonómica un proyecto de ley de buen gobierno y un estatuto de altos cargos, en los que se establezcan un código ético y un régimen sancionador para evitar las llamadas como puertas giratorias.

Llegados a este punto, más guiños a Podemos: la promesa de reducir un diez por ciento el número de altos cargos y contratados de alta dirección. Olvidó decir la candidata que Andalucía es la región en la que más ha crecido en los últimos años el sector público y, por ende, los altos cargos. El peso del empleo público en esta autonomía respecto al número de trabajadores ocupados es de los más altos de España: 19,6 por ciento frente al 16,7 de la media nacional. Además, en noviembre del año pasado, en plena oleada de recortes en los servicios públicos, se supo que la Junta había elevado los complementos salariales a 150 altos cargos, lo que supuso un incremento para estos de 3.000 euros brutos al año.

En materia de regeneración democrática, Susana Díaz propuso llevar a cabo una iniciativa legislativa autonómica para que el Congreso de los Diputados adopte cuantas reformas sean necesarias, incluida la constitucional, para establecer la segunda vuelta electoral si algún candidato no alcanza la mayoría absoluta en la primera. Olvidó decir la candidata socialista que el PSOE declinó el año pasado abrir el debate sobre la reforma de la ley electoral en aspectos como dejar gobernar a la lista más votada en los municipios.

En cuanto a la economía, Susana Díaz se comprometió a rebajar la carga fiscal a las rentas bajas y medias en todas las figuras tributarias. Olvidó decir la candidata que, tras el ajuste presupuestario correspondiente al año 2012, aprobado por el Gobierno del que ella formaba parte, Andalucía, con los tramos más altos del IRPF, se situó a la cabeza de España, junto con Cataluña, y como líder en Europa, solo por detrás de Suecia y Bélgica, en fiscalidad.

En materia de empleo, la candidata socialista anunció la movilización en esta legislatura de 3.000 millones de euros de recursos públicos para favorecer la creación de puestos de trabajo. Ese dinero, qué duda cabe, será bien recibido en una Comunidad con la tasa de paro más alta de España y una de las cinco de Europa.

En busca de la unidad, la concordia y el bienestar de los andaluces

Durante las palabras finales de su intervención, Susana Díaz pidió al resto de partidos que permitan que Andalucía cuente de inmediato con un nuevo gobierno. Ella, por su parte, se comprometió a gobernar desde el diálogo y el acuerdo, buscando la unidad, la concordia y el bienestar de los andaluces.

El término “bienestar” lo pronunció recalcando las sílabas. Es bueno que así lo piense la candidata socialista a la reelección en una comunidad autónoma donde el ingreso neto por persona se queda en los 8.408 euros al año (la media nacional es de 10.531), donde el 29,1 por ciento de los ciudadanos está en riesgo de pobreza (20,4 de media nacional), donde el 57,4 por ciento de los andaluces no puede permitirse ni siquiera una semana de vacaciones al año y donde el 55 por ciento no tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos.

El discurso de Susana Díaz no pareció gustar a ningún grupo parlamentario. Teresa Rodríguez, de Podemos, volvió a reiterar la oposición de su grupo a la investidura con el argumento de que la candidata socialista ha desempolvado compromisos de hace tres años, cuando protagonizó su primer debate de investidura, y no se han cumplido en este tiempo, informa la agencia de noticias Europa Press.

Por su parte, el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, manifestó la intención de su partido de mantenerse en el “no” a la investidura, ya que el discurso de la presidenta de la Junta en funciones no les convence.