En plena negociación del Convenio sectorial, los sindicatos incrementan su actividad ante la Inspección mientras la banca busca mayor flexibilidad horaria

Algo se perdió en la traducción cuando, en los albores de la crisis y tras ver lo que provocaba la quiebra de Lehman Brothers, se dijo que había que evitar la creación de entidades sistémicas, aquellas tan grandes que no se las podía dejar caer. La historia reciente del sistema financiero español cuenta cómo desde 2009 a finales de 2014 el número de entidades se redujo a la cuarta parte a base de comerse las unas a las otras. Esta historia incluye alguno de los capítulos más negros del sistema financiero español, ya que en algunos casos se unieron monstruos preñados de ladrillo tóxico que acabaron rescatados porque -¡oh, sorpresa!- se habían convertido en demasiado grandes para dejarlas caer. Pero además, esa reducción del número de jugadores en el sector tiene otra derivada. En estos seis largos años que han dado para fusiones a medias (o frías), fusiones totales, nacionalizaciones y reprivatizaciones, el número de empleados de la banca se ha reducido en 65.300, de los que 8.200 se recortaron en las entidades principales el año pasado. El ajuste, asegura la banca, no ha terminado. 

La banca, más o menos obligada por los reguladores, descubrió con la crisis que tener una oficina en cada esquina no era tan buena idea. Estaba sobredimensionada. Mucho más cuando la unión de diferentes entidades bajo la marca del comprador hacía visible la duplicidad y triplicidad de oficinas con pasear por una de las calles principales de cualquier ciudad. Las uniones provocaban además duplicidad en los servicios centrales. Y la banca sacó la tijera de podar. Lo hizo en su mayoría mediante prejubilaciones y bajas incentivadas en busca del proceso menos traumático y pactado con los sindicatos, con condiciones muy por encima de lo que impuso la reforma laboral de febrero de 2012, con sus 20 días por año trabajado y tope en 12 mensualidades.

Pero lo que los sindicatos denuncian desde hace meses no es la situación de los que se fueron sino el efecto en los que se han quedado. El tajo, en su opinión, habría ido más allá de lo que requerían las necesidades del sector. Según fuentes de Fes-UGT, en los últimos meses se han presentado “más de 400 denuncias ante la Inspección de Trabajo por prolongación ilegal de jornada laboral”. 

Se estaría incumpliendo, según los sindicatos, el apartado 5 del art. 35 del Estatuto de los Trabajadores al tener trabajando fuera de su horario a empleados que no están contratados con las cláusulas de flexibilidad que permitirían esa extensión de su jornada. Entre sus argumentos, los sindicatos incluyen que la acción de la banca prolongando de forma irregular las jornadas constituye un fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública porque las horas extraordinarias ni se cotizan ni se retribuyen. Aseguran, además, que esas horas irregulares podían ser cubiertas por personal de nueva contratación. 

Sindicatos y patronal se encuentran actualmente negociando el Convenio de banca y el de Ahorro. Mientras los sindicatos piden una jornada anual de 1.680 horas para el conjunto del sector financiero, que se garantice el respecto a los horarios pactados en el Convenio y se establezca un sistema eficaz y objetivo de control de presencia en el trabajo, por parte de la banca se busca un aumento de la flexibilidad y que el horario no se defina en el Convenio sectorial sino en el de cada entidad. Los sindicatos reconocen que la patronal de la banca, AEB, se ha mostrado algo más dispuesta a buscar un entendimiento que la del Ahorro.

 

 

El cambio de dimensión del sector financiero

Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito daban empleo en España a 270.351 personas a finales de 2008. Eran tiempos en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero iba aún defendiendo la fortaleza del sistema financiero español y su capacidad de resistencia ante las consecuencias de la quiebra de Lehman Brothers. Poco más de un trimestre después, a finales de marzo de 2009, el Banco de España intervenía Caja Castilla-La Mancha. Y empezó la poda.

A finales de 2013, la plantilla total del sector se había reducido hasta 213.289, una merma de más de 57.000 empleos durante la crisis a la que ya se pueden sumar los más de 8.000 empleos recortados en las principales entidades durante el pasado ejercicio. El número de oficinas también se ha visto reducido drásticamente, pasando de 45.814 sucursales a finales de 2008 a 34.019 a cierre de 2013. 

 

Una tormenta perfecta se instaló sobre los empleados de banca (incluidos los de bancos y los de las antiguas cajas de ahorros) durante la crisis. El estallido de la burbuja inmobiliaria, el cierre del grifo del crédito y la caída del negocio tradicional provocaron un movimiento de ajuste generalizado de plantillas en el sector. Para qué tanta oficina en un país sin crédito. Además, cuando el sistema sintió crujir los cimientos con la citada intervención de Caja Castilla-La Mancha, empezaron a sucederse las fusiones entre las cajas de ahorro y unas cuantas intervenciones. En estas últimas, dado que se adjudicaron entidades con milmillonarias ayudas públicas para el comprador, Bruselas tenía algo que decir. Esa ventaja otorgada a los adjudicatarios de las entidades intervenidas no se iba a saldar sin condiciones. Los compradores tuvieron que aceptar fuertes ajustes de plantilla y cierre de oficinas impuestos por las autoridades de Competencia europeas. Las entidades rescatadas tuvieron además que cumplir con el repliegue hacia sus territorios de origen, cierres de oficinas y ajustes de plantilla o supresión/venta de negocios que no fuesen de banca tradicional. 

Para acabar de animar la fiesta, las entidades se han encontrado inmersas en pleno proceso de digitalización, con BBVA en cabeza de todas dada su apuesta desde hace más de siete años por la transformación del banco en un competidor no ya de los bancos tradicionales, sino de Google o Apple, a quien considera sus futuros rivales. En ese plan, de nuevo, es clave la reducción de plantilla. 

Pero no es todo. Europa exige rentabilidad a la banca y en un entorno de tipos de interés en mínimos y aún muy bajo nivel de negocio tradicional, la forma de lograr los niveles recomendados de eficiencia y rentabilidad pasa por seguir apretando el cinturón de los costes. 

El ejemplo de los más grandes 

Solo entre los dos grandes, Santander y BBVA, han pactado la salida de cerca de 11.300 trabajadores durante la crisis, con un coste de 4.300 millones de euros. Las nuevas contrataciones y las compras de otras entidades han dejado el recorte neto en algo menos de 8.000 puestos de trabajo. Entre ambos, cuentan con ejemplos de todos los factores que han contribuido a los ajustes de plantilla en la banca. 

El Santander ha realizado casi todo su ajuste de plantilla entre 2013 y 2014. En 2013, cuando acordó 1.621 prejubilaciones, se debió a la reestructuración de sus tres redes en España: Santander, Banesto y Banif. El año pasado llevó a cabo otras 2.011 prejubilaciones. El coste para la entidad cántabra en ambos ejercicios, según las provisiones apuntadas en sus cuentas anuales, es de 976 millones de euros en ambos años.

BBVA por su parte ha espaciado más en el tiempo su ajuste, manteniendo planes de prejubilación desde 2008, año en que ya prejubiló a 2.044 empleados. En total, las salidas hasta finales de 2014 se elevan a 7.650 y las provisiones suman 3.320 millones de euros.

La entidad que preside Francisco González ha sido un activo actor del proceso de reestructuración. En marzo de 2012 se hacía con Unnim (fusión fallida de Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu) por un euro y con un esquema de protección de futuras pérdidas con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos (que está dotado por la banca). Las autoridades europeas de competencia aceptaron la fusión pero con condiciones, dada la ventaja competitiva que suponía para el banco una adquisición en estos términos. El acuerdo con los sindicatos, en línea con las exigencias de Bruselas, incluyó la salida de cerca de 1.200 empleados y el cierre de 332 oficinas. BBVA se hacía también recientemente con Catalunya Banc. En su última comparecencia como consejero delegado del banco, Ángel Cano anunciaba la semana pasada la intención de la entidad de reducir un 20% la plantilla conjunta en Cataluña de ambas entidades, lo que significa un recorte de 1.600 empleos y el cierre de 285 oficinas. 

Además del ambicioso proceso de digitalización de la entidad ya comentado, que ayer provocó el cambio de consejero delegado en la entidad, BBVA está transformando sus oficinas, probando estructuras mucho mayores y también oficinas de un solo empleado. Además ha reactivado el Proyecto Níquel para reducir costes en los servicios centrales.

Caixabank también ha sido un jugador decisivo en el cambio del sistema financiero español. Se quedó con Banco de Valencia en noviembre de 2012, recibiendo el mayor volumen de ayudas públicas para una entidad de ese tamaño (una inyección de capital de 5.500 millones más un esquema de protección contra pérdidas futuras de 4.350 millones) pero además con el ajuste de plantilla (975 empleados) ya realizado por el Estado a través del Frob (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). 

Cuando se hizo con Banca Cívica (fruto de la unión de Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos), sin embargo, tuvo que hacerse cargo del ERE de 1.500 empleados que se pactó en este caso no por obligación, puesto que la entidad se había comprado con una oferta en el mercado. Quizás por eso, si ya las condiciones de la banca han sido especialmente favorables para sus empleados durante la crisis, aún destacó por sus buenas condiciones (indemnizaciones de 45 días por año trabajado y tope de 42 mensualidades o 300.000 euros más un generoso plus por años de servicio). Inferiores pero también muy por encima de lo que marca la ley han sido las condiciones pactadas para los 975 trabajadores del ERE de Barclays, otra de las entidades adquiridas por CaixaBank (prejubilaciones de hasta el 90% del salario neto e indemnizaciones de 38 días de año trabajado y una prima de entre 10.000 y 30.000 euros en función de la antigüedad para quien no pueda acogerse a la prejubilación).

Quizás entre las condiciones menos favorables estén las del ERE de Bankia, que Bruselas elevó hasta un recorte de 4.500 empleados (a pesar de los 4.000 empleos que ya se habían suprimido tras la fusión de las siete cajas que dieron origen a la entidad rescatada). En su caso se pactaron 30 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades. 

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