El 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores , empezó a celebrarse en 1889 como un homenaje a los llamados “Mártires de Chicago”, un grupo de sindicalistas anarquistas que habían sido ejecutados en Estados Unidos por reclamar la jornada laboral de ocho horas.

En la actualidad, este día, de naturaleza fundamentalmente reivindicativa, se ha convertido en un maremágnum de movilizaciones sindicales e incluso rimbombantes celebraciones estatales en el que, teóricamente o en la práctica, se reclaman unos derechos que reflejan, mejor que muchos otros, la verdadera naturaleza social y política de cada uno de los países.

Entre 2013 y 2014 se registraron detenciones o encarcelamientos por motivos sindicales en al menos 35 países y casos de despidos o suspensiones de funciones por las mismas causas en no menos de 53. En al menos nueve países se produjeron asesinatos y desapariciones de trabajadores como forma de intimidación.

Éstas son algunas de las conclusiones del último Índice Global de los Derechos, que elabora todos los años la Confederación Sindical Internacional (CSI), una organización con carácter consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y ante la OCDE que reúne a 325 centrales sindicales de 161 países y territorios de todo el mundo, lo que le permite representar a no menos de 176 millones de miembros, el 40 por ciento mujeres.

De acuerdo con los informes facilitados por las organizaciones afiliadas de la CSI, en la gran mayoría de los países las legislaciones nacionales no ofrecen “ningún tipo de protección” ni prevén sanciones disuasorias para exigir responsabilidades a los empleadores abusivos, de forma que “empleadores y Gobiernos actúan en complicidad para acallar las voces de los trabajadores que protestan contra situaciones de explotación”.

Entre 2013 y 2014 se registraron detenciones por motivos sindicales en al menos 35 países y despidos en más de 50

A causa de la inestabilidad laboral y el considerable riesgo de despido existente en “prácticamente todos los países”, los trabajadores “se muestran reacios a afiliarse a un sindicato y a estar cubiertos por la negociación colectiva, lo que significa que, en definitiva, no disponen del apoyo necesario para mejorar su situación laboral”.

En cuanto a la huelga, pese a estar reconocida como derecho en la mayoría de los países, las leyes y prácticas de por lo menos 87 países excluyen de este derecho a ciertos tipos de trabajadores y en 37 países se imponen multas o incluso penas de cárcel por llevar a cabo huelgas legítimas y pacíficas.

Para elaborar su informe, el CSI clasifica a los países en una escala del cinco a uno en función de los derechos sindicales. Los países situados en el grupo cinco son los “peores del mundo para trabajar” a causa de la falta efectiva de derechos sindicales, de la existencia de regímenes autocráticos y de las prácticas laborales injustas.

Es el caso de Camboya, cuyo gobierno, según la CSI, responde “con fuerza letal a las manifestaciones organizadas para expresar las reivindicaciones colectivas legítimas de los trabajadores” y donde se despide “sistemáticamente” de forma improcedente a los que participan en reivindicaciones colectivas para mejorar las condiciones laborales. La situación es particularmente grave en el sector textil.

Al menos 105 sindicalistas han sido asesinados en Colombia en los últimos cuatro años

El “selecto” grupo 5 lo conforman, entre otros, países como Arabia Saudí, Qatar (en ambos, la exclusión de los trabajadores inmigrantes supone que más del 90 por ciento de la mano de obra no tenga acceso a derechos laborales), Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Camboya, Colombia (donde, según la Escuela Nacional Sindical, en los últimos cuatro años han sido asesinados al menos 105 activistas sindicales), China (cuyo régimen, de discurso y retórica teóricamente socialistas, ha incrementado las agresiones e intimidaciones a sindicalistas), Filipinas, Grecia (realmente significativo, en plena UE), India o Turquía, entre otros muchos.  

El grupo cuatro, cuyos trabajadores denuncian “violaciones sistemáticas” y donde tanto sus Gobiernos como sus empresas se muestran “firmemente decididos a acallar la voz colectiva de los trabajadores poniendo en peligro los derechos fundamentales”, reúne a países como Kuwait (donde los trabajadores inmigrantes, que representan el 60 por ciento de la población del país, “están completamente excluidos de los derechos de negociación colectiva”), Argentina, República Democrática del Congo, Estados Unidos (nada menos), Hong Kong, Indonesia, Irán (donde se ha registrado un incremento de las detenciones en las fechas previas al 1 de Mayo y donde desde hace nueve años no se permite la celebración de este día al margen de los actos previstos por el Gobierno), Marruecos, México, Birmania, Pakistán, Tailandia o Yemen.

En cuanto al resto de los grupos del Índice, en el tres, formado por países en los que el Gobierno o las empresas “interfieren con regularidad en los derechos laborales colectivos, o no garantizan plenamente aspectos importantes de estos derechos”, y en los que “existen deficiencias en la legislación y determinadas prácticas que posibilitan las violaciones frecuentes”, destaca la presencia de Reino Unido o Portugal junto a Brasil (se da la circunstancia de que este año va a ser la primera vez en mucho tiempo que un presidente de Brasil renuncia al discurso del 1 de Mayo, una costumbre inaugurada por Luiz Inácio Lula da Silva y que no va a mantener Dilma Rousseff a causa de sus bajísimos índices de popularidad) o Venezuela (“yo soy parte de la clase obrera”, ha declarado el presidente Nicolás Maduro en su discurso de apropiación política y personal del 1 de Mayo). 

España figura en el llamado grupo dos (al igual que Rusia o Suiza, por ejemplo), que se caracteriza por “ciertos ataques” más o menos reiterados contra los derechos laborales por parte de los Gobiernos o las empresas que “han socavado la lucha para conseguir unas condiciones laborales mejores”.

El grupo uno, formado por los países cuyos trabajadores pueden sindicalizarse libremente, defender sus derechos de manera colectiva con el Gobierno y las empresas e introducir mejoras en sus condiciones laborales por medio de la negociación colectiva, reúne casos más o  menos previsibles, como Suecia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Noruega o Países Bajos, junto a otros más sorprendentes, como Sudáfrica, donde las huelgas mineras de 2012 se saldaron con decenas de muertos y numerosos detenidos y despedidos.