La Agencia Tributaria lleva meses inspeccionando las declaraciones de la renta de 63 antiguos consejeros de Caja Madrid y las retenciones practicadas en el IRPF tanto por Bankia como por Caja Madrid. Pero se podría paralizar porque la ley dice que es prioritario el determinar si hubo una infracción penal por no tributar estos gastos como personales.

El juez Andreu deberá decidir si suspende y pospone las inspecciones que la Agencia Tributaria tramita desde hace meses a Bankia, a la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid y a 63 antiguos consejeros y ejecutivos de ambas entidades (entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato). En un auto en respuesta a un informe de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, dependiente de Hacienda, a los que ha tenido acceso Sabemos (ver más abajo), el magistrado instructor solicita a la Fiscalía que dé su opinión jurídica sobre si procede o no paralizar estos expedientes.

Desde que saltara a la luz pública el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid, tanto la justicia, a través de la Audiencia Nacional, como Hacienda, han investigado en paralelo las posibles irregularidades cometidas por los antiguos consejeros y ejecutivos de la entidad ahora nacionalizada. Tal como informó este diario, Hacienda estaba al tanto de la existencia de las tarjetas al menos desde 2004: Las conocía y las incluyó entre los gastos a deducir en el Impuesto de Sociedades. Así, de hecho, les dio carpetazo en 2013, haciendo a la entidad pagar un plus en su tributo por los beneficios, y sin preocuparse, aparentemente, por si los titulares de esas tarjetas habían declarado esos gastos o no.

¿Por qué querrían el juez Andreu o la Agencia Tributaria suspender estas inspecciones? Tal como señalan fuentes jurídicas consultadas por este diario, el motivo principal es el llamado principio de prejudicialidad penal. Es decir, que ante un mismo hecho presuntamente irregular la posible existencia de un delito penal es una causa prioritaria respecto de cualquier otro proceso administrativo o recaudatorio. La Administración, por ello, ha de abstenerse de actuar hasta que no se aclare este extremo.

“Se considera que concurren circunstancias de prejudicialidad penal que permitirían suspender los correspondientes preocedimientos inspectores de comprobación e investigación, concurriendo una causa de interrupción justificada de los mismos”, indica el informe remitido a la Audiencia Nacional. Es decir, que los propios inspectores de Hacienda podrían actuar de oficio para suspender estos expedientes, pero optan por dejarlo en manos del magistrado de la Audiencia Nacional.

La suspensión de las inspecciones por parte del juez supone que los expedientes quedan congelados y que las posibles irregularidades no prescriban. Tambien interrumpe “los plazos de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación (…) y para imponer sanciones”, según señala.

15 millones entre 1999 y 2012

El conocido como escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid saltó en diciembre de 2013, a raíz de la publicación en Eldiario.es de los correos de Miguel Blesa. El conocimiento de una correspondencia en la que el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Enrique de la Torre, hablaba con su presidente sobre unas “tarjetas black a efectos fiscales” despertó las alarmas en el actual equipo gestor de Bankia, presidido por José Ignacio Goirigolzarri.

La investigación, de varios meses, resultó en un informe que cuantificaba en 15,5 millones de euros el gasto efectuado por los consejeros de la entidad entre los años 1999 y 2012. Todos los detalles y movimientos de esas tarjetas se filtraron a la prensa: Gastos de miles de euros en vinos, en restaurantes de lujo, en viajes, en salas de fiesta e incluso en lencería fina.

El FROB, como máximo accionista de BFA-Bankia, remitió el informe sobre las tarjetas a la Fiscalía Anticorrupción, que se personó contra los consejeros y directivos que disfrutaron de las mismas. El caso forma parte ahora de una pieza separa del caso Bankia, que investiga la salida a Bolsa del banco, a instancia de la querella presentada por el partido UPyD y al que se adhirió posteriormente el movimiento ciudadano 15MpaRato.