El partido de Rivera apuesta por reducir ayuntamientos, eliminar privilegios de los cargos electos o limitar los mandatos, medidas que en su día defendió la formación de Rosa Díez. También le ‘copia’ la dación en pago y las medidas de transparencia para los contratos públicos.

“Los que pensamos parecido o igual vamos a acabar juntos. Ninguna línea en el agua lo va a impedir, tarde o temprano va a ser así”. Hace ya dos meses que Albert Rivera señaló con esa contundencia que su proyecto y el de UPyD acabarían convergiendo de algún modo, descartada ya la opción de coaligarse. Con el transcurrir del tiempo, ese pensar “parecido” ha ido concretándose en la presentación de propuestas calcadas a las defendidas por el partido de Rosa Díez. El proceso de fagocitación de UPyD por Ciudadanos ha añadido al paulatino reclutamiento de cuadros magentas la adopción de gran parte de su ideario. 

Una buena muestra fue el decálogo anticorrupción que la formación de Rivera presentó hace unas semanas y al que conminó a sumarse a Susana Díaz si quería negociar con Ciudadanos su investidura. Prácticamente la totalidad de esas máximas habían sido reivindicadas en algún momento por UPyD, desde apartar a los imputados por corrupción a establecer la obligatoriedad de celebrar primarias para elegir a los candidatos, pasando por la petición de que la financiación ilegal de los partidos se incluya como delito en el Código Penal. El propio portavoz magenta en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, advirtió el parecido y lo constató a través de su cuenta en Twitter.

Con la presentación el sábado de su programa marco para las elecciones municipales, Ciudadanos -que nunca ha negado la consonancia con el proyecto de Díez, más bien al contrario, ha apostado por el entendimiento ante la gran cantidad de puntos en común- ratificó las semejanzas por la vía de los hechos, cosa que ya había sido denunciada por UPyD en lugares como la Comunidad Valenciana

En las 28 páginas que componen dicho documento se recogen las propuestas principales que los candidatos de Rivera impulsarán si acceden a las instituciones. Muchas de ellas llevan meses o años siendo defendidas por los cargos magentas. Así, por ejemplo, se apuesta por la limitación de mandatos de los alcaldes a dos legislaturas. La formación de Díez tiene comprometido en sus estatutos el impulso de “medidas conducentes a limitar los mandatos de los representantes” en todas las administraciones. 

Ciudadanos también aboga por la instauración de listas abiertas y por otras disposiciones de transparencia como la publicación de las declaraciones de patrimonio de los ediles o informar al detalle de los procesos de contratación. Todas esas ideas fueron en algún momento defendidas por UPyD, bien a nivel nacional o bien a nivel local

Dación en pago y reducción de ayuntamientos

Uno de los puntos más evidentes de sintonía programática está en el apartado Desahucios y Ley Hipotecaria. El partido de Rivera se compromete por escrito a implicarse “en la modificación” de dicha norma “para que establezca la dación en pago”. Eso mismo fue lo que reclamó el Grupo Parlamentario de Díez en el Congreso de los Diputados hace tres años, sin éxito. 

Igualmente, salta a la vista el tono magenta en propuestas como promover “la reducción del número de municipios” -UPyD apuesta por la fusión de los consistorios a cargo de menos de 5.000 habitantes-, el recorte en asesores y altos cargos -exigido por la formación de Díez en todas las instancias– o la eliminación de privilegios “superfluos” de los cargos públicos, como el disponer de “coches oficiales”. Esta última medida no es que haya sido reivindicada por los magenta, es que en sitios como Madrid renunciaron a disponer de esos vehículos en cuanto tomaron posesión de sus actas. 

Los concejales de UPyD en Madrid renunciaron al coche oficial, medida que ahora impulsa C’s

El rosario de coincidencias es inacabable y se produce de principio a fin del documento. En la última parte, por ejemplo, se adoptan algunas de las reivindicaciones clásicas del partido magenta, como impedir que una lengua sea preferente en comunidades donde son oficiales más de una o exigir respeto a los símbolos nacionales, remarcando que todas las banderas deben ondear en los ayuntamientos. Si bien es cierto que Ciudadanos desde su fundación ha defendido la españolidad de Cataluña, con todas sus implicaciones, ha sido el diputado vasco Gorka Maneiro quien más ha dado la batalla por la cuestión de las banderas, reclamando por todas las vías posibles que la ley se cumpla en los municipios donde gobierna Bildu. 

En cuanto a la lengua, UPyD llegó a registrar en la Cámara Baja una Proposición de Ley Orgánica “para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua” en la que exponía que “el dominio acreditado de una determinada lengua cooficial puede convertirse en causa de discriminación”. “La realidad bilingüe en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, además de la común y oficial del Estado, no podrá usarse para discriminar a los ciudadanos que residan habitual o temporalmente en dichas Comunidades y no conozcan la lengua cooficial o elijan la lengua común para relacionarse”, establecía la proposición, que fue rechazada por 308 votos en contra, 1 abstención y solo los 5 a favor de los parlamentarios de UPyD.

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