Hasta 700 euros por noche en hoteles de lujo, 5.000 euros por el alquiler de un coche con chófer durante un viaje a Londres, comilonas con ostras, gin tonics y pacharanes.

Forman parte de las 466 facturas que ha puesto al descubierto Compromís correspondientes a gastos de representación de Rita Barberá y miembros de su corporación durante la última legislatura en el Ayuntamiento de Valencia. En total, 278.000 euros pagados con el dinero de los valencianos para sufragar, entre otras, las actividades a todo tren de su alcaldesa, toda una experta en dar lecciones de austeridad.

Los obscenos gastos de Barberá no eran una novedad, aunque sí el nivel de detalle con los que a partir de hoy vamos a conocerlos los ciudadanos, a través de la web ritaleaks.compromis.net.

El pasado enero, la revista Interviú daba cuenta de un buen número de gastos de lujo que la alcaldesa pasa al ayuntamiento pese a que nada tienen que ver con la agenda municipal. Uno de sus caprichos, la cancelación de la junior suite reservada para la noche del 19 de septiembre de 2011 en el hotel Palace de Madrid, lo que costó 280,80 euros del bolsillo de los valencianos, para sustituirla por una junior suite de 605 euros en otro cinco estrellas, el Hotel Intercontinental.

A este Gobierno nadie le da lecciones de austeridad ni lo va a presionar“, advertía Barberá a la oposición en septiembre de 2012, cuando anunció la retirada de los escoltas y los coches oficiales a todos los concejales del PP. Bueno, a todos menos a ella y al vicealcalde, Alfonso Grau.

Austeridad. Una palabra cacareada por el cargo político que más cobra en España y sobre la que viene sobrevolando la sombra de la corrupción. Demos un repaso a los principales escándalos que la han salpicado sin llegar a mancharla penalmente.

Una lista muy larga

“Estoy en Louis Vuitton porque hay una cosa que no hemos pensado, porque llevamos cuatro años aquí regalándole una cosa a la alcaldesa y este año no voy a dejar de regalarle algo, ¿sabes?”. En las grabaciones de las escuchas a la Gürtel se podía oir cómo uno de sus presuntos jefes, Álvaro Pérez, le decía esto al gerente de Orange Market. Barberá negó haber recibido bolsos de la trama y la fiscalía archivó la denuncia interpuesta por Compromís al no hallar indicios de delito.

Tampoco imputaron a la alcaldesa por los pagos de 1,3 millones de euros a empresas supuestamente vinculadas a la Gürtel durante su mandato en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Se trataba de dos adjudicaciones sin concurso por las asambleas de 1999 y 2003. Barberá alegó que se trata de una institución no regida por el derecho público.

Más bolsos. Los que regaló a Barberá por Navidad la depuradora Emarsa entre 2005 y 2007. En un correo electrónico enviado a su exgerente, la alcaldesa le expresaba su “gratitud por el obsequio tan bonito” que le había enviado. Pero estas prebendas, que también recibió el expresidente Francisco Camps, no fueron suficientes para implicarla en el caso del saqueo de la empresa pública.

Entre 2006 y 2012, Secopsa cobró al ayuntamiento extras al margen de sus contratas de mantenimiento por importe de ocho millones de euros. Una de sus adjudicaciones, la del aparcamiento de Tabacalera, le exigía empezar las obras en 2009 con la amenaza de un millón de euros de penalización si no lo hacía. Tres años después, no había obra ni multa. En 2012, esta firma dirigida por el zaplanista imputado en el caso Nóos José Manuel Aguilar, renovó su contrata en un concurso criticado por el resto de empresas que pujaban, ya que sus condiciones daban ventaja a Secopsa por haberla gestionado durante dos décadas. Además, la supuesta austeridad argumentada por el consistorio para integrar todos los servicios de mantenimiento en uno resultaba bastante contradictoria con la llimitación de la rebaja de la oferta económica a un ridículo 2%. No pasó nada.

Barberá también se libró de la imputación en el caso Nóos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) apreció “indicios delictivos” en los trámites por los que Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres, organizaron el foro sobre eventos deportivos Valencia Summit, que costó 3,1 millones de dinero público. Pero finalmente, ni la alcaldesa ni el expresidente Camps fueron imputados.

No hubo tampoco consecuencias penales para Barberá por el agujero en Feria Valencia, de la que preside su patronato. La alcaldesa se negó a que el recinto se trasladara a Manises, en contra del criterio del expresidente de la entidad, Antonio Baixauli, lo que provocó la realización de obras que supusieron un importante sobrecoste para el erario público. Al igual que argumentó en el caso Nóos y en los contratos de la FEMP con la Gürtel, la alcaldesa utilizó en su defensa que se trata de una institución de naturaleza jurídica privada.

Ahora, el #Ritaleaks destapado por Compromís vuelve a amenazar la larguísima carrera política de Rita Barberá. ¿Saldrá indemne de nuevo?

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