El 24 de abril de 2013, el Rana Plaza, un edificio de ocho plantas que albergaba cinco talleres textiles en su interior se hundió en Daca, capital de Bangladesh, con un resultado de 1.138 muertos y más de 2.000 heridos. Transcurridos dos años de la mayor tragedia humana en la historia de la industria textil, las empresas que operaban en el inmueble siguen negándose a indemnizar adecuadamente a las víctimas y el Gobierno sigue sin afrontar, con decisión, la mejora de las condiciones de trabajo.

Según se ha podido conocer, los encargados de los talleres de Rana Plaza habían obligado a los trabajadores a entrar en el edificio pese a las reticencias de éstos por las importantes rajaduras que se observaban en las paredes del complejo. Meses más tarde, en noviembre de 2012, 112 trabajadores perecieron tras el incendio de la fábrica Tazreen, durante el cual los encargados no permitieron que el personal pudiera escapar a pesar de que ya se habían activado las alarmas.

Ambas tragedias sirven de ejemplo de las condiciones laborales que se viven en Bangladesh, confirmadas por un reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW), que revela (a partir de entrevistas con más de 160 trabajadores de 44 fábricas, en su mayoría textiles para empresas de venta minorista de América del Norte, Europa y Australia) la precariedad laboral (horas extras obligatorias, negación de los permisos de maternidad, impagos salariales) y la frecuencia de las agresiones físicas (incluidas las sexuales) y verbales, así como las intimidaciones y los despidos, contra quienes intentan organizar sindicatos en sus fábricas.

Los abusos laborales y la inseguridad son frecuentes en el sector textil, que representa el 80% de las exportaciones de Bangladesh

La industria textil representa el 80 por ciento de los ingresos por exportaciones de Bangladesh y más del 10 por ciento del producto interior bruto. El sector, formado por más de 4.500 fábricas de distinto tamaño, da trabajo a más de cuatro millones de trabajadores, en su mayoría mujeres, y juega un papel fundamental en la mitigación de la pobreza. Según el estudio de HRW, el rápido crecimiento del sector y la inacción del Gobierno a la hora de exigir el cumplimiento de sus propias normas laborales redundan en abusos contra los trabajadores y “en la proliferación de fábricas inseguras y edificadas de manera precaria”.

A raíz de la tragedia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno, las empresas y los sindicatos empezaron a trabajar conjuntamente para conseguir que “esto no vuelva a suceder nunca más“, tal como ha asegurado la agencia de la ONU. La propia HRW reconoce que en estos dos años se han introducido algunas medidas para incrementar la seguridad en fábricas de Bangladesh, como el fortalecimiento de la Dirección de Inspección de Fábricas y Establecimientos. No obstante, “aún queda mucho por hacer para fortalecer la capacidad del Ministerio de Trabajo y Empleo de investigar y juzgar eficazmente prácticas laborales injustas, incluidos casos de discriminación antisindical, intimidación y persecución, así como asegurar que los inspectores observen rigurosamente la ley”.

Como consecuencia de la tragedia del Rana Plaza, dos grandes sindicatos de ámbito mundial, IndustriALL Global Union y UNI Global Union, elaboraron el llamado Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de Instalaciones de Sistemas contra Incendios, a cuyo comité directivo se unió posteriormente la organización social Campaña Ropa Limpia

En función del Acuerdo, que ha sido firmado por casi 200 marcas mundiales que cubren alrededor de 1.500 fábricas y dos millones de trabajadores, las tres organizaciones citadas son las encargadas de liderar las negociaciones para la compensación a las víctimas. Pues bien, según los datos de IndustriALL Global Union, UNI Global Union y la Campaña Ropa Limpia, hasta la fecha se han pagado 21,5 millones de dólares (20 millones de euros) de los 30 millones (casi 28 millones) que, según una comisión independiente, se estiman necesarios para indemnizar a las víctimas y a los familiares.

Aunque esta cantidad pueda parecer porcentualmente alta (alrededor del 70 por ciento), lo realmente llamativo es que este dinero procede fundamentalmente de las contribuciones hechas por compradores de productos textiles y por otros donantes privados a través del Fondo Fiduciario de Donantes Rana Plaza creado con este fin por la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, y apoyado por la OIT.

En cambio, según las citadas fuentes, el resultado es muy otro cuando se trata de las cantidades que supuestamente debían aportar al mismo Fondo las grandes compañías internacionales que operaban a través de los cinco talleres textiles situados en el edificio.

Las grandes firmas internacionales que operaban en Rana Plaza han aportado cantidades muy bajas al fondo gubernamental para indemnizar a las víctimas

El caso más sangrante es el de Benetton, que hasta la fecha “no ha pagado ni un centavo al Fondo”, según IndustriALL Global Union. Benetton, cuyos ingresos globales en 2013 ascendieron a 1.600 millones de euros y que en un principio había llegado a negar que tuviera ninguna actividad en Rana Plaza, anunció a mediados de abril su intención de aportar alrededor de un millón de dólares al fondo, una contribución que, de concretarse, sólo habría sido posible gracias al más de millón de firmas recogidas por la organización Avaaz a través de la campaña United Colors of Bangladeath.

Otro caso significativo es el de Walmart, la principal cadena minorista del mundo (en 2014 ingresó más de 485.600 millones de dólares), que hasta la fecha ha pagado al Fondo un monto estimado en un millón de dólares (poco más de 900.000 euros) a través de la organización benéfica BRAC US, una contribución “pequeña, dado el tamaño de Walmart y la cantidad total que se requiere”, según las tres organizaciones. La empresa ha indicado que está dispuesta a pagar nuevas contribuciones, “pero todavía no ha cumplido con ningún aporte real”.

Por su parte, la empresa de confección estadounidense The Children’s Place entregó alrededor de 450.000 libras esterlinas (menos de 630.000 euros) a través también de BRAC US, muy por debajo de los ocho millones de dólares reclamados por los activistas. La compañía, que en 2013 obtuvo unos ingresos de 1.800 millones de dólares, ha sido objeto de una fuerte campaña en su contra en Estados Unidos, donde se le ha acusado de ordenar la detención de un superviviente de Rana Plaza que participaba en una protesta frente a su sede.

La española Mango (que ingresó 1.850 millones de euros en 2013) aportó en 2014 una cantidad también “muy pequeña”, según IndustriALL. Éste es también el caso de otras compañías que tampoco han pagado las cantidades que se les requirieron, como Lee Cooper, JC Penny, Matalan y Kik.

Asimismo, según las tres organizaciones, hasta la fecha carecen de base los “rumores” sobre la supuesta intención de la Bangladesh Alliance (una asociación creada por las 26 principales empresas texitles del país supuestamente para mejorar la seguridad en el trabajo) de hacer una importante aportación.