José García Valenciano, actual compañero sentimental de la popular colaboradora de televisión Terelu Campos, permaneció imputado durante cinco años en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, dirigido entonces por el ahora exmagistrado Santiago Torres, por supuestos delitos de blanqueo de dinero.

Por Froilan Bravo y José Luis Lorente

Valenciano era por entonces administrador único y socio con un 33% de las acciones del Gimnasio Barceló, sito en la madrileña calle de Corazón de María y que hoy, tras pasar por la administración judicial, forma parte de la cadena Altafit. Sus compañeros de accionariado eran Laurentino Sánchez Serrano, “Lauro”, con un 34%, a quien la policía considera el cabecilla de esta supuesta organización delictiva. El tercero de los socios del gimnasio era el boxeador Juan Pablo Navascués Hernández, con un 33%, e imputado en el mismo sumario. 

Según un informe de la Policía al que ha tenido acceso Sabemos,  “el papel del Gimnasio Barceló, centro neurálgico de la actividad de muchos de los investigados que se configura no sólo como un punto de reunión de personas que presentan una afinidad de tipo personal, sino como un centro a través del cual se puede conseguir la gestión del cobro de deudas impagadas por medio de métodos expeditivos y la ejecución de ajustes de cuentas, así como la dirección y el control de muchas de las actividades de los investigados, tales como el desarrollo de servicios de seguridad y otras de semejante índole”.

El informe policial apuntaba a Laurentino Sánchez Serrano como “la figura más caracterizada de este complejo criminal y que personifica el centro de poder de la trama”. 

Una enmarañada instrucción

El novio de Terelu Campos estuvo en situación de imputado hasta que el juez Torres decidió inhibirse del conocimiento de la causa penal -de aproximadamente 150.000 folios- y elevarla a la Audiencia Nacional. Fue entonces, el 14 de noviembre de 2014, cuando el fiscal adscrito al Juzgado Central de Instrucción 2 dirigió un duro escrito al magistrado titular de ese Juzgado poniendo en evidencia el trabajo realizado por Torres.

Según el ministerio público, la instrucción fue “intrincadísima, desorganizada, deslavazada, zigzagueante, enmarañada, y, por momentos, incomprensible (cuando no cuasi.ininteligible)”. Y seguía con otros epítetos de idéntico tenor literario, destacando por su impecable singularidad el de “pasotismo”. “La metodología de labor instructora (de alguna manera habrá que llamarla, aunque sea a efectos puramente formales -afirma con ironía el fiscal en su escrito-) que fue desarrollada por el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid se puede calificar de cóctel pseudo jurídico”.

El ministerio público, al examinar una por una las situaciones procesal de los casi 200 imputados que arrastraba este ingobernable sumario, decidió pedir el sobreseimiento de las diligencias en relación a José Valenciano y a otros 58 implicados más. El Ministerio Público consideró que en el procedimiento penal instruido por el juez Torres contra estas personas “no aparecen indicios bastantes de su presunta participación en los hechos punibles que son objeto de investigación en la presente causa”.

Además de por blanqueo de capitales, en estas diligencias se investigan los delitos de organización criminal, fraude fiscal, falsificación de documentos y tráfico de cocaína. Se iniciaron las mismas a raíz del asesinato de un portero de la discoteca Heaven a manos de un delincuente  mientras cumplía su labor de vigilancia y control de clientes. Fue el origen de una de las causas más ambiciosas contra las mafias de la noche en España.

Poco tiempo después de elevar las diligencias a la Audiencia Nacional, el juez Santiago Torres abandonó voluntariamente el Juzgado de Instrucción nº 32, para pasar destinado como magistrado a la Audiencia Provincial de Madrid. No tardó en  abandonar la carrera judicial y ejercer como abogado particular, actividad que desarrolla en la actualidad, compaginándola con su presencia en distintos platós de televisión, donde lamenta que tuvo que dejar de ser juez porque no tenía medios para investigar la corrupción, aunque la realidad es bien distinta.

Como titular del citado Juzgado, instruyó dos macrocausas que dejó empantanadas y en las que ya han transcurrido más de siete años desde que comenzó la inacabada instrucción. Una es ésta a la que nos referimos, conocida policialmente como Operación Edén, y la otra fue la célebre “operación Guateque, con más de 100 imputados, la mayoría de ellos funcionarios públicos.

Valenciano constituyó en octubre de 2013 otra sociedad limitada, ERJ Box Export Capital, en la que figura de nuevo como administrador único. El nombre comercial de su nuevo gimnasio es Club Deportivo José Valenciano, está situado en el barrio de Chamberí y está, de nuevo, estrechamente relacionado con el mundo del boxeo, aunque también juegan un papel importante las artes marciales y sistemas de combate cuerpo a cuerpo como el Krav Maga.

Foto: Peter Gordon en Flickr