La trifulca política previa a las elecciones de mayo destapa y resucita numerosos casos, en una comunidad que presumía de la ‘honradez’ de sus dirigentes.

Bien sea por la apertura de diligencias judiciales, por la puesta en marcha de investigaciones policiales o por la mera publicación de informaciones en prensa, en los últimos años todas las encuestas coinciden en señalar la corrupción como una de las principales preocupaciones de los españoles. Los casos que afectan a distintos partidos políticos que ostentan o han ostentado el poder han proliferado en el conjunto de España pasando por la Comunidad Valenciana —casos Gürtel o Brugal—, por la de Madrid —también la Gürtel o Púnica— o por la de Andalucía —EREs falsos o los cursos de formación—, entre otras comunidades autónomas.

Mientras tanto, a lo largo de estos años de crisis las autoridades y los dirigentes vascos han tratado de marcar las distancias con los del resto del Estado, y se han presentado como ejemplos de honradez en la gestión pública. Es obsesión del PNV, partido tradicionalmente hegemónico en el Gobierno vasco con la excepción del periodo entre 2009 y 2012 en el que gobernaron los socialistas, demostrar que en Euskadi la corrupción no existe. Incluso hace unas pocas semanas, el líder de este partido, Andoni Ortuzar, lamentaba en una entrevista en El Correo que exista “un deseo insano de demostrar que hay corrupción en Euskadi”.

Frente a la percepción del dirigente nacionalista, la precampaña de las elecciones municipales y forales —en el País Vasco no habrá comicios autonómicos sino que se escogerá la composición de las diputaciones forales— que comenzó hace ya semanas con una fuerte trifulca política, sí ha destapado la existencia de numerosos casos de prácticas corruptas similares a las de cualquier otro lugar del Estado, que incluso se encuentran en los tribunales. La bronca política ha hecho, además, que hayan vuelto a salir a la luz y hayan formado parte del debate público otros casos investigados con anterioridad, creando una sensación de desconfianza hacia las autoridades y hacia la política en el conjunto de la sociedad vasca.

LA SEDE DEL PP VASCO

Nada más comenzar el año electoral, el 14 de enero, el PP vasco desayunaba una mañana con una información sobre un informe de la Intervención General de la Administración del Estado. El texto apuntaba a que los populares en Euskadi financiaron su sede de Bilbao con una cuenta B creada con los fondos del partido obtenidos gracias a las donaciones que recibió durante lustros para garantizar la seguridad de sus cargos amenazados por ETA. La actual dirección autonómica del PP se lavó las manos y se confesó “indignada” ante lo ocurrido, y Hacienda trasladó el caso al juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, encargado de instruir la causa sobre la supuesta financiación irregular del partido de Mariano Rajoy.

EL ‘CASO CABIECES’

A las pocas semanas Kutxabank, el principal banco vasco creado tras la fusión de las tres cajas provinciales, destapaba un nuevo escándalo al denunciar a quien hasta diciembre había sido el presidente de la entidad, Mario Fernández. La actual cúpula le acusa de haber efectuado durante años pagos irregulares al exdelegado del Gobierno en el País Vasco, el socialista Mikel Cabieces, a través de un despacho de abogados laboralistas. Fernández declaró en los tribunales y aseguró que esos pagos estaban justificados porque existe una “ley no escrita” que, aseguró, “ha funcionado con todos los gobiernos y todos los partidos durante los últimos 30 años”, que le obligaba a ayudar a Cabieces por haber estado éste “en primera línea de la lucha antiterrorista”. Así se lo pidió, dijo en un comunicado, el PP vasco. El caso, que provocó un importante revuelo político y que motivó peticiones de comparecencias y exigencias políticas, está aún en manos de la justicia.

EL ‘CASO HIRIKO’

Ya en febrero, la Fiscalía General de Álava cargaba contra un proyecto fuertemente vinculado a las subvenciones públicas de las administraciones vascas, y que a partir de 2003 pretendió impulsar un plan industrial para instaurar el coche eléctrico vasco. Entre los delitos de los que se acusó a los responsables de Hiriko —así se llamaba el proyecto— estaban los de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Entre los acusados están distintos cargos vinculados al PNV —uno de ellos fue concejal en Vitoria— que recibieron para su plan casi un millón de euros tanto por parte del Gobierno Vasco como de la Diputación de Álava, cuando ambas administraciones estaban gobernadas por ese mismo partido. El asunto se encuentra, también, en manos de una jueza que en su auto de aceptación de la querella sí vio fraude en las mencionadas subvenciones públicas.

EL ‘CASO DE MIGUEL’

En plena precampaña, a mediados de marzo, el PNV encajaba otro duro golpe para sus intereses electorales al conocer las consecuencias de un caso destapado en 2010. Prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos o fraude fueron sólo algunos de los delitos que el juez imputó a 26 personas en el auto de apertura de juicio oral del conocido como caso De Miguel. El exnúmero dos del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, habría estado según las pesquisas detrás de una supuesta trama corrupta que habría puesto en marcha adjudicaciones y contratos públicos de manera irregular, y que habría facilitado el cobro de comisiones ilegales. Además de él están imputados otros excargos importantes del partido nacionalista, como el exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga. Todos ellos esperan la fecha del juicio.

EL ‘CASO BIDEGI’

También en marzo se abrió en las Juntas Generales de Gipuzkoa una Comisión de Investigación por el conocido como caso Bidegi, que recibe este nombre por ser el de la empresa implicada en un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La comisión se puso en marcha después de que el Gobierno provincial que controla Bildu —coalición de la izquierda abertzale, EA y Alternatiba— denunciara en noviembre a su predecesor, de mayoría peneuvista, por un supuesto sobrecoste de 3,4 millones de euros sin justificar en una liquidación de gastos de 2011 con motivo de la construcción de una autopista de pago. El diputado general cuando se produjeron las supuestas irregularidades, Markel Olano, y el diputado foral de Infraestructuras Viarias de entonces, Eneko Goia, son hoy los candidatos del PNV a la Diputación y al Ayuntamiento de San Sebastián, respectivamente. Ambos fueron reprobados por la comisión de investigación, mientras la justicia investiga lo sucedido.

EL ‘CASO URCHUEGUÍA’

El PSE, el partido que hasta la irrupción de Bildu más poder había ostentado históricamente en el territorio por detrás del PNV, también se ha visto envuelto en varios escándalos que se han destapado o han resurgido en esta precampaña. Ese mismo mes de marzo, cuando faltaban aún dos meses para las elecciones, se hacía público un auto por el que un juzgado donostiarra admitía a trámite la denuncia presentada por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), en manos de Bildu, contra la exalcaldesa del municipio, la socialista Ana Urchueguía. A ella, que fue regidora de la localidad durante los años más sangrientos de ETA y que padeció las amenazas de los terroristas, se le acusa de prevaricación y malversación de fondos públicos por las supuestas irregularidades detectadas en la concesión de subvenciones y ayudas de cooperación a la localidad de Somoto (Nicaragua) entre los años 2000 y 2010. El caso sigue su curso en los tribunales.

LA DENUNCIA CONTRA TXARLI PRIETO

Más recientemente, ya en abril, una denuncia anónima levantaba nuevas sospechas sobre otro importante cargo de los socialistas vascos,  el exsecretario general del PSE de Álava y hoy parlamentario, Txarli Prieto. Se le acusa de utilizar subvenciones públicas del Ministerio del Interior destinadas a reforzar la seguridad de las sedes de los partidos vascos, en adjudicaciones a su propia empresa para realizar las reformas de al menos cinco sedes socialistas. A pesar de esta denuncia, que provocó numerosas críticas políticas, el PSE consideró que no había ninguna ilegalidad en dichas concesiones. El partido se encuentra ahora a la espera de lo que haga el juez encargado de admitir a trámite el caso.

Ante la proliferación de todos estos casos, que justamente ocupan portadas y páginas de los periódicos en plena precampaña electoral, el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, reclama más medios para la lucha anticorrupción. En una entrevista concedida el 12 de abril a la agencia Europa Press, consideró que el principal obstáculo para investigar los asuntos relativos a la corrupción en el País Vasco es “no contar con unidades propias de policía judicial adscritas a la Fiscalía”. “Es imprescindible reforzar la dependencia funcional de la policía judicial con la Fiscalía en todos los campos, pero especialmente en este de la corrupción, en el que la dirección de las investigaciones por los fiscales es fundamental”, dijo.