La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes , trata de probar la relación entre las dádivas recibidas por el exministro y los programas de excursiones para mayores de la comunidad castellano-manchega de los que se beneficiaron las empresas de la trama gallega.

Dicen los que conocen bien -aunque a veces le quieran mal- que José Bono, en muchas ocasiones, no es capaz de distinguir dónde comienza y dónde acaba la separación entre lo público y lo privado, lo religioso y lo político, los amigos y el trabajo… Por eso mismo, el modo de proceder del exministro lleva tiempo bajo la lupa de la Justicia: fue inspeccionado hace cinco años por el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado; y en la actualidad, perdido ese cuestionado privilegio, es examinado por un Juzgado de Lugo.

La investigación de la juez Pilar de Lara Cifuentes parte de unas facturas encontradas durante los registros de la llamada Operación Cóndor, que ponen negro sobre blanco que empresas de la trama pagaron la estancia, los masajes y los gastos extra al ex ministro de Defensa cuando, el pasado verano, se hospedó en el Gran Talaso Hotel Sanxenxo. Este establecimiento hotelero destaca por sus impresionantes vistas a la hermosa bahía de esa localidad gallega y por su excelente servicio marino de talasoterapia y spa, uno de los más completos de las Rías Bajas y de toda España.

Trata de relacionar la juez –a la que ya se conoce como la “Alaya gallega”, por sus pesquisas en casos como “Campeón” y “Pokemon”- esa y otras dádivas con la presencia multitudinaria de ancianos castellano-manchegos en hoteles de la trama supuestamente corrupta, según la investigación de agentes de los Servicios de Vigilancia Aduanera, dentro de los programas de viajes de la tercera edad que financia la Junta con sede en Toledo.

No es la primera vez que Bono se enfrenta al examen judicial por los supuestos regalos del empresariado amigo. Tras la presentación de dos querellas, el Tribunal Supremo escrutó en su día los obsequios recibidos de la mano de Rafael Santamaría, dueño de la inmobiliaria Reyal. Según los querellantes, Bono intercambió a Santamaría un piso en Madrid, valorado en 559.779 euros, por dos áticos en Estepona, con un valor de 1.474.460. Es decir, el regalo del constructor se elevaría a 914.681 euros. Otro punto de la denuncia se refería a los gastos en decoración por importe de 7.669 euros, ejecutados en la casa familiar de los Bono en Olías del Rey (Toledo), que Santamaría abonó.

Los querellantes expusieron también que el dueño de Reyal, su mujer y sus hijos recibieron subvenciones del Ejecutivo autonómico a través de las entidades Yalqui S.A, Vega del Záncara S.L. Asimismo, la querella recogía que Bono “autorizó o dio todos los parabienes sin los cuales el milagro de la recalificación de terrenos rústicos en urbanizables resultaba de todo punto imposible” en el caso Valdeluz. Se trataba de la conocida ciudad del AVE, donde el dueño de Reyal promovía 10.000 viviendas próximas a la parada del tren de alta velocidad. Una gran operación que el Gobierno de Bono autorizó en 2001.

Billetes de 500 envueltos en periódicos

Según publicaron en su día medios como El Confidencial y La Gaceta de los Negocios, la relación de amistad entre Rafael Santamaría y José Bono se tradujo en más regalos, como caballos de competición para su hípica toledana por valor de 200.000 euros. Uno de esos equinos fue adquirido en Francia con billetes de 500 euros, envueltos en papel de periódico, y facturado a nombre de Rafael Hoteles.

En una controvertida decisión, el Supremo acabó rechazando la admisión de las dos querellas con el argumento de que la “relación de amistad” entre Bono y Santamaría justificaba la entrega de dádivas y presentes. El alto tribunal se negó a investigar la relación entre el Gobierno de Bono en Castilla-La Mancha y las adjudicaciones y subvenciones a las sociedades de Santamaría porque, a su juicio, eso significaría llevar a cabo “una inquisición general”.

El Supremo tampoco quiso analizar el extraordinario incremento patrimonial del ex ministro y antiguo presidente del Congreso. Antes de su separación, la familia Bono acumuló ocho parcelas rústicas, un piso en Toledo, un chalet en Olías del Rey, otro en Bargas, cuatro pisos en Madrid, dos áticos en Estepona, un local en Albacete, un apartamento en Campello y la famosa hípica de Toledo. Un patrimonio que, según diversos medios, alcanzaba hace un lustro los seis millones de euros.

Decía Ted Kennedy, el senador norteamericano y hermano del presidente asesinado en Dallas, que en política sucede como con las matemáticas: “todo lo que no es totalmente correcto está mal”. Dirán los detractores de esta crónica -que los habrá- que Bono ya no está en política o, al menos, en su primera línea. Y el que suscribe responde, a la gallega, con una pregunta: “¿Es que alguna vez se fue?”