El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno en 2012, algo que ha podido confirmar Sabemos. Más allá de la polémica levantada al conocerse la noticia, fuentes de Hacienda dan la voz de alarma ante la desprotección que supone la filtración de información fiscal de los contribuyentes.

El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, estaría siendo investigado por el Sepblac (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales) tras ser presuntamente uno de los 705 contribuyentes españoles que se acogieron a la amnistía fiscal del Gobierno en 2012 y a los que se detectaron indicios de blanqueo de capitales. Según ha podido conocer este diario, el uso de la amnistía por parte del exvicepresidente es cierto, y se trataría de bienes con un origen distinto a su actividad.

La información desvelada el pasado martes por Vozpopuli, procedente de fuentes anónimas, ha supuesto todo un terremoto en Hacienda, ante la perspectiva de que se puedan filtrar más datos fiscales de contribuyentes. La propia organización de profesionales de inspectores de hacienda mostraba su preocupación en Twitter ante la evidencia de que alguna autoridad está empleando información secreta.

¿Quién está filtrando esta información? ¿El propio Sepblac? ¿La Fiscalía Anticorrupción? ¿El Ministerio de Economía? Por el momento se desconoce. El titular de Economía, Luis de Guindos, ha evitado desvelar oficialmente ningún dato sobre la investigación, si bien ha dejado caer que todas las instituciones públicas (Sepblac, Agencia Tributaria…) “cumplirán con sus obligaciones y la ley”. Algo muy parecido ha manifestado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien sin embargo no tuvo problemas en dar detalles de los movimientos tributarios de Luis Bárcenas, o en amenazar veladamente a colectivos enteros como los periodistas, los actores o incluso miembros de la oposición política.

Un 2,2% de los contribuyentes amnistiados, investigados

El pasado 17 de febrero, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, informó en el Congreso de los Diputados que un grupo de 705 contribuyentes beneficiarios de la amnistía fiscal estaban siendo investigados por el Sepblac ante posibles evidencias relacionadas con el blanqueo de dinero. “Se ponía el foco público sobre una información que la agencia había mantenido con discreción hasta culminar las investigaciones”, señalan fuentes internas de Hacienda.

Los 705 investigados suponen que al menos el 2,2% de los contribuyentes beneficiarios de la amnistía fiscal son sospechosos de blanqueo (en total fueron 31.500 personas las que se acogieron). “Es una cantidad alarmante por la alta concentración que supone. En otras declaraciones tributarias el porcentaje de indicios de blanqueo es ínfimo respecto al total”, asegura José María Mollinedo, secretario general del sindicato de ténicos de Hacienda, Gestha.

En opinión del colectivo de subinspectores representado en Gestha, un 2,2% de amnistiados investigados por indicios de blanqueo “confirma una de las quejas que ya hicimos en 2012, cuando se aprobó la amnistía. Entonces criticamos la opacidad reforzada que se otorgaba a estas declaraciones especiales”, señala Mollinedo. Todas las declaraciones pueden ser sometidas a revisión por parte de técnicos e inspectores. Excepto las declaraciones tributarias especiales de la amnistía. Quien decidió esto fue la Dirección General de Tributos, órgano consultivo que resuelve las dudas prácticas a la hora de llevar a cabo las normas de inspección.

Pero la decisión de la Dirección General de Tributos es una interpretación doctrinal que puede ser cambiada. Y eso es lo que precisamente reclaman los técnicos de Gestha, que proponen al Gobierno una revisión completa de las 31.500 declaraciones que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro.

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