Los abogados de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) y los del movimiento 15MpaRato han unido fuerzas para reclamar a Fiscalía y al juez Andreu la imputación de la multinacional auditora Deloitte y a su socio Francisco Celma por su labor en Bankia. Las acusaciones creen que la ausencia de salvedades en las cuentas de la entidad antes de su salida a Bolsa (que según los peritos del Banco de España no reflejaban la imagen fiel) supone que la auditora tiene que responder ante los afectados.

Deloitte, de nuevo en el punto de mira. La firma estadounidense, responsable de revisar las cuentas de la gran mayoría del sector financiero español, podría resultar imputada por su labor en Bankia. Al menos así ocurriría si el juez finalmente acepta sendas peticiones de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) y la plataforma 15MpaRato, que reclaman la imputación tanto de la firma auditora como de su socio en Bankia, Francisco Celma.

Recientemente, el juez Andreu preguntó oficialmente a la Fiscalía sobre si encausar o no a Deloitte. El desencadenante de esta petición son los dos informes de los peritos del Banco de España, que concluyeron que las cuentas de Bankia durante su salida a Bolsa no reflejaban la imagen fiel de la entidad. El encargado de revisar y validar las cuentas de cara a los mercados y los inversores es la firma auditora, y ésta no planteó dudas sobre las mismas en caso alguno.

“En ningún momento se efectuó por la auditoría ninguna salvedad a las cuentas de Bankia que según las pruebas periciales contenían importantes errores que ya se conocían al momento de elaborarlas”, explican en su escrito [consultar más abajo] los representantes del movimiento 15MpaRato. Desde esta plataforma solicitan que acudan como imputados Celma y Deloitte para aclarar su trabajo y responsabilidades como auditores en esta entidad que ha acabado recibiendo una inyección de dinero público de más de 22.000 millones de euros, provocando pérdidas a todos los accionistas iniciales, más de 300.000.

Acusada en 2012 y sancionada en 2014

Este frente judicial no es el primero que se le abre a Deloitte en relación al caso Bankia. Ya a finales de 2012 fue admitida a trámite en un juzgado de lo mercantil una demanda de un millar de accionistas sindicados. Acusaban a la firma auditora de haber actuado de forma negligente, pero la causa acabó archivada. Tampoco prosperó inicialmente la solicitud de imputación del sindicato CIC en verano de 2013, a raíz del expediente abierto entonces por parte del regulador contable español (el ICAC), que finalizó en 2014 con una multa millonaria a la multinacional estadounidense por su falta de independencia en la auditoría.

La labor de la auditora lleva en cuestión desde mismo momento en que Bankia fue intervenida. Tal como muestran las actas y las declaraciones en sede judicial, los exconsejeros de BFA y Bankia mostraron su total sorpresa cuando Deloitte se negó en abril de 2012 a presentar su informe de auditoría (siquiera con salvedades) como exigía la ley. El propio Francisco Celma, como testigo, explicó ante el juez Andreu que no hubiera podido presentar el informe aunque hubiera querido ya que el consejo de adminstración de Bankia no le entregó las cuentas firmadas, como es preceptivo.

El mismo Celma, en su declaración testifical, relató los retrasos constantes que según su relato sufrió como auditor de Bankia, ya que no le entregaron varios documentos que eran necesarios para que su equipo y él pudieran emitir un informe aun con salvedades. En concreto, para poder dar el visto bueno a las cuentas de BFA demandaba un informe independiente que validara la valoración de las acciones de Bankia en la matriz y una proyección de negocio que justificara los casi 3.000 millones de euros en activos fiscales que pretendía anotarse la entidad. En el caso de Bankia los documentos pendientes eran menos importantes: unas valoraciones actualizadas de la cartera inmobiliaria y una proyección de negocio para justificar sus créditos fiscales. Nada de eso fue finalmente remitido, y las cuentas de Bankia se publicaron el 30 de abril en la CNMV sin el debido informe de auditoría.