La dirección del PSOE ha adoptado el acuerdo de desvincularse del ex presidente del partido y de la Junta de Andalucía, que ayer compareció por espacio de dos horas y media para dar cuenta al Tribunal Supremo de la trama de los ERE fraudulentos.

La decisión de pedir a Chaves que abandone su escaño se hará pública cuando la Justicia se pronuncie sobre el fraude ocurrido en Andalucía. Hasta entones la dirección socialista guardará silencio, aunque todos son conscientes de que el asunto no pinta nada bien para el diputado socialista. Precisamente, el ex presidente de la Junta trató ayer de exculpase ante el Supremo, pero un informe de la Guardia Civil en poder del juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, apunta a todo el Gobierno andaluz como responsable de la trama.

No le queda otra salida a la dirección socialista si quiere allanar el camino para la investidura de Susana Díaz y presentarse a las elecciones municipales del 24 de mayo sin el lastre de la corrupción en Andalucía. Tomada la decisión por parte de Díaz de no renovar a José Antonio Griñán el escaño por designación autonómica, la pelota está en el tejado de la ejecutiva federal del PSOE. Y los máximos dirigentes de la calle Ferraz ya han tomado una decisión sin esperar siquiera a que Chaves declare en el Supremo.

Precisamente, el expresidente de la Junta de Andalucía compareció ayer en la sede judicial de la plaza de las Salesas con la lección aprendida tras los errores que pudo cometer Griñán la semana pasada cuando, en un ejercicio de sinceridad, dijo ante el Supremo que no creía que con “los ERE hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude”. Chaves, por su parte, negó la mayor y quiso dejar claro ante los periodistas que le esperaban a su salida del Tribunal, donde declaró como imputado, que “los jueces determinarán si hubo o no fraude y si este fue grande o pequeño”

El acta de declaración

El ex presidente de la Junta sostuvo ante el juez tres cuestiones: la primera, que no conoció y, por lo tanto, no impulsó alguna ilegalidad en sus años de gobierno en Andalucía; en segundo término, defendió que las subvenciones al empleo identificadas con los ERE fueron positivas; y, por último, señaló que si el fraude existió, se debió única y exclusivamente a conductas individuales.

En concreto, el ex presidente de la Junta argumentó que a sus órdenes trabajaban alrededor de 200 directores generales y que, a su entender, el procedimiento a partir del cual se concedían las ayudas era “completamente legal”. Él, como presidente, no entraba al detalle de los “criterios concretos” por lo que se entregaba cada una de ellos. Eso, ha insistido, era tarea de la Consejería de Empleo.

El alegato de Chaves fue radicalmente opuesto al informe encargado por el instructor al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) sobre el ahora diputado Gaspar Zarrías y la senadora Mar Moreno, antes a las órdenes de Chaves en la Junta de Andalucía. Según ese documento, la trama afectó a todo el Gobierno andaluz, aunque Zarrías intentó hacer de cortafuegos para que el escándalo salpicase lo menos posible a Chaves, según publicaba ayer el periódico digital eldiario.es.