Los relatores especiales de derechos humanos de la ONU y la organización Amnistía Internacional (AI) han advertido de que la nueva reforma del Código Penal podría violar derechos fundamentales, como la libertad de manifestación y de expresión.

Los cinco relatores del equipo de Procedimientos Especiales, que reúne a expertos independientes en el seno del sistema de Naciones Unidas sobre derechos humanos, advirtieron el pasado mes de febrero de que la definición del delito de terrorismo en el nuevo Código Penal es excesivamente amplia e imprecisa y podría implicar restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión.

Asimismo, prosiguieron, la inclusión como “circunstancia agravante” el hecho de que un delito pueda ser cometido en el contexto de una “reunión numerosa” podría dar “base legal” para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones, lo cual tendría “un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”, según el relator especial sobre la libertad de reunión, Maina Kiai,

Por su parte, el informe mundial 2014/2015 de Amnistía Internacional denuncia que el gobierno español “sigue la tendencia global de recortes a la libertad de expresión y de reunión, mediante varias iniciativas legislativas”, entre ellas la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), que “no solo amplía los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, expresión e información”.

La organización advierte también de que la reforma del Código Penal “también ataca la libertad de expresión, de información y de reunión, al ampliar los delitos, tanto de terrorismo como de desórdenes públicos, y sigue sin tipificar de manera adecuada los crímenes de derecho internacional como la tortura”. En la misma línea, el Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por cerca de 200 profesores universitarios, jueces, magistrados y fiscales progresistas, ha denunciado que esta reforma es “la más autoritaria que ha existido en España desde 1995”.