La secretaria provincial del PSOE de Cádiz, Irene García, considera “una exageración” desde el punto de vista del procedimiento judicial e “innecesaria” la detención este martes de los exdelegados de Empleo y Educación de la Junta en Cádiz Juan Bouza y Manuel Brenes en el marco de la operación por el presunto fraude en los cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya, toda vez que entiende que habrían “acudido de manera voluntaria” a declarar.

En declaraciones a los periodistas, García ha dejado claro el “respeto” del PSOE a las decisiones judiciales, si bien destaca “la presunción de inocencia” de Bouza y Brenes, quienes recuerda que “no tienen ya ninguna responsabilidad política” y que “dejaron de tener responsabilidad en el Gobierno andaluz hace ya mucho tiempo”.

Asimismo, resalta la “decencia, honestidad e integridad” que afirma que ha caracterizado a los exdelegados durante el ejercicio de sus cargos. Asegura que el PSOE tiene “muchas ganas de que se aclare todo lo ocurrido”, si bien llama la atención sobre la “alarma social” que genera la operación desarrollada este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con las detenciones practicadas.

Incide en que ambos hubieran acudido a prestar declaración voluntariamente y expresa que tienen “dudas” sobre si era “estrictamente necesario para esclarecer los hechos el procedimiento utilizado a lo largo de estos días”.

Tras insistir en el respeto a la “libertad, independencia y claridad” de los órganos judiciales, expone su “preocupación” ante el hecho “significativo” de que “el día anterior a las detenciones el PP ya anunciara una comisión de investigación en torno a los cursos de formación”, como si el presidente del PP-A, Juanma Moreno, “tuviera una bola de cristal para saber lo que iba a ocurrir en sede judicial al día siguiente”, apostilla. Alerta, además, de que “no es la primera vez que ocurre algo similar”.

Asimismo, confía en que la justicia tenga agilidad para esclarecer los hechos y espera que “se aplique la ley con toda la contundencia” a quienes se demuestre que han “metido la mano en la caja”.