El Gobierno ha aprobado la indemnización a Escal UGS , sociedad controlada por el grupo presidido por Florentino Pérez, por la no entrada en funcionamiento de la plataforma situada entre Castellón y Tarragona conocida como Proyecto Castor. El Ejecutivo decidió pagar 1.350 millones de euros a la compañía liderada por ACS mediante el traspaso del almacenamiento subterráneo a Enagás, que a cambio recibe un derecho de cobro por la misma cantidad.

ACS cree que el valor de la inversión del grupo en el almacén subterráneo de gas Castor, contabilizada en 228,48 millones de euros, es recuperable en “cualquier escenario” relacionado con esta inversión, por lo que a cierre de 2013 la compañía no ha reconocido ningún deterioro por esta participación.

ACS entiende que, tras los estudios técnicos que actualmente están en curso, así como tras la correspondiente auditoría técnica y contable que está terminada y entregada al Ministerio de Industria, los problemas relacionados con el almacén ubicado frente a las costas de Vinarós (Castellón) serán solucionados “satisfactoriamente”.

En cualquier caso, ACS, entiende que la concesionaria del proyecto Escal UGS tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento, durante los 25 años, a contar desde su otorgamiento, con derecho al cobro del valor neto contable de la misma salvo en caso de que se acreditara dolo o negligencia, en cuyo caso el derecho será al cobro del valor residual, señala en su informe financiero anual.

A diciembre de 2013, ACS recogía la participación en el almacén de gas subterráneo Castor, del 66,67 %, como activo mantenido para la venta. Esta participación está contabilizada en 228,48 millones de euros (164,2 millones de euros en 2012).

Este importe incluye el préstamo participativo de 235,5 millones de euros concedido por ACS Servicios, Comunicaciones y Energía.

El importe del aval de construcción concedido por esta sociedad a Escal UGS asciende a 59 millones de euros.

Asimismo, insiste en que los administradores consideran que el grupo ACS no tiene control sobre las actividades relevantes del negocio y que la compañía actúa fundamentalmente como contratista EPC (llave en mano) de una instalación fuertemente regulada.

De acuerdo con el protocolo de acuerdo entre el grupo que preside Florentino Pérez y Enagás, ésta se comprometía a comprar el 50 % de la participación de ACS (el 33,3 %) una vez que se ponga en funcionamiento comercial la planta y se inicie la explotación y acceso a la remuneración del sistema.

El acuerdo contemplaba la posibilidad de que Enagás pueda entrar en el accionariado con anterioridad a la inclusión de las instalaciones en el sistema.

A comienzos de 2012, el Grupo ACS, una vez que la actividad de construcción del almacén alcanzó un grado de avance sustancial, inició la negociación con potenciales inversores para vender la totalidad de su participación y culminar por tanto su salida definitiva del proyecto una vez puesto en marcha.

Durante el ejercicio 2013, la sociedad canceló la financiación del proyecto y colocó el “project bond” del proyecto emitido con la garantía del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 1.400 millones de euros.

A comienzos de marzo, el BEI se mostró confiado en que el Gobierno español decida reanudar la actividad del proyecto del almacén de gas Castor, que paralizó en septiembre del año pasado para estudiar su relación con los seísmos registrados en la zona.